El mayor privilegio
Por
Rafael Roncal
El mayor privilegio de todo ciudadano es el derecho al voto. A elegir a los miembros de nuestra comunidad que nos representarán en el ejercicio del poder público. El derecho al voto implica también la inexcusable responsabilidad de participar. Mas, para que ese ‘diálogo’ interactivo sea un real ejercicio democrático –en el sentido lato de la palabra– es vital eliminar todo tipo trabas que dificulten el sagrado derecho a elegir nuestro destino. Para garantizar ese derecho, hace 50 años, se aprobó la Ley de Derecho al Voto con el fin de eliminar las trabas y la injusta arbitrariedad de funcionarios estatales quienes se arrogaban el poder de decidir que ciudadano podía o no registrarse para votar: decidían, sin mayores ambages, el destino y la vida de otros ciudadanos, particularmente afroamericanos. Esa ignominiosa práctica dejó serias secuelas que explican –pero no justifican– el por qué nuestra nación con la democracia más antigua sigue teniendo el índice más bajo de participación electoral de los países desarrollados. En los comicios presidenciales de 2012 acudieron a las urnas un poco más de la mitad de la población registrados para votar. Una lapidaria realidad: la otra mitad de los ciudadanos que podrían haber votado sencillamente no lo hicieron porque no estaban registrados para votar. Las razones son múltiples y van desde la apatía y desinterés hasta las nuevas barreras que inhiben el voto y dificultan una ideal participación electoral, especialmente de las minorías en varios estados considerados ‘conservadores’.
Un poco de historia. El presidente demócrata Lyndon B. Johnson firmó, un día como hoy, la Ley de Derecho al Voto –el 6 de agosto de 1965– poniendo fin a las prácticas discriminatorias en contra de los afroamericanos y obligaba a los estados con larga historia de discriminación a no cambiar las reglas del voto y a solicitar antes permiso al Gobierno federal si hubiera necesidad de hacerlo. Como era de esperarse, los afroamericanos que jamás habían votado se registraron masivamente para votar y depositar su voto por correo. La ley les permitió organizarse para elegir a sus representantes y de allí para adelante la historia es conocida. En el 2008, por vez primera en la historia del país, las minorías eligieron a un presidente afroamericano: Barack Obama, quien fue reelegido el 2012 gracias al voto mayoritario y dirimente de afroamericanos, asiáticos e hispanos. Sin embargo, a pesar de los avances y de ese significativo logro, el acceso al voto presenta aún serios obs-táculos: las largas distancias siguen siendo vallas insalvables, las elecciones son en un día laborable con todos los inconvenientes que acarrea a los que tienen dos o más trabajos para mantener a su familia y para quienes un día sin paga tiene un impacto negativo en el presupuesto familiar.
El derecho al voto en EEUU está garantizado por la Constitución y la ley federal, mas en la práctica ciertos derechos y privilegios dependen de las leyes que se aprueban a nivel estatal y que son cruciales para la buena salud del proceso democrático. Pruebas al canto, desde el 2010, los gobernadores de estados ‘conservadores’ buscan hacer más difícil el acceso al voto con supuestas luchas contra el fraude o modificando los límites distritales para disminuir la fuerza demográfica de las minorías. El panorama se complicó, en el 2013, cuando la Corte Suprema dejó sin efecto partes vitales de la Ley de Derecho al Voto que obligaba a los estados a pedir aprobación federal para hacer cambios en la regulación del sufragio. Los más afectados: los jóvenes sin movilidad o con trabajos precarios. En Carolina del Norte, por ejemplo, se ha eliminado el voto por anticipado, la posibilidad de registrarse para votar el mismo día de los comicios y los procesos de identificación son más estrictos. En ese contexto, tenemos la responsabilidad de proteger y ejercer nuestro derecho al voto participando activa y efectivamente en los procesos electorales en aras de construir una sociedad democrática saludable, cuya mejor expresión es el voto que garantice una real participación.