Es un escándalo moral que cualquier civil pueda comprar legalmente armas automáticas diseñadas para matar personas con brutal eficiencia y velocidad, como ocurrió –en el más reciente tiroteo en el día de San Valentín– en la escuela secundaria Marjory Stoneman de Parkland (Florida), donde perdieron la vida 17 personas. Una desgracia nacional, cuya solución no pasa por armar a los maestros o enseñar a los estudiantes cómo reaccionar en esas dramáticas circunstancias, sino por establecer controles más racionales y seguros sobre la venta indiscriminada de armas. No es una demanda antojadiza, sino una cuestión de sentido común basada en una verdad objetiva: “La implementación de mayores regulaciones en algunos estados en cuanto al acceso y uso de las armas de fuego refleja tasas más bajas de homicidios y suicidios”. Esa    –repito– es la verdad objetiva que señala un reciente informe de las universidades de Columbia, Pensilvania y el Presbiterian Weill Cornell Medicine de NY. El estudio indica que la baja de homicidios tiene relación directa con los requisitos y controles más estrictos en las licencias para la venta de armas. Más claro no canta un gallo: “Un mayor control en la regulación sobre los compradores múltiples de armas o las compras que se producen por un comprador autorizado en beneficio de un tercero, reduce en un 20 por ciento los actos violentos por armas de fuego”. Más aún, entre enero de 2010 a diciembre de 2014, el 50 por ciento de las armas vendidas en ese periodo fueron utilizadas en suicidios y homicidios. 

El dolor de todas las personas decentes sobre la masacre de inocentes jóvenes estudiantes se suma a la justificada furia por la muerte de las víctimas de matanzas ocurridas en Nevada, California, Colorado, Oregon, South Carolina, Virginia, Connecticut y tantos otros lugares. Esa atención y justa furia debería también estar dirigida a los líderes electos cuyo trabajo primigenio es preservar la seguridad ciudadana, ergo, mantenernos seguros, y no servir al dinero ni al poder político de una industria que se enriquece y saca provecho de la comercialización y proliferación indiscriminada de cada vez más poderosas armas automáticas.

Es un escándalo moral y una desgracia nacional que cualquier persona pueda comprar legalmente un arma designada específicamente para matar personas de manera masiva. Armas de guerra levemente modificadas y que son promocionadas como instrumentos de un ‘macho vigilantismo’ y, si leemos entre líneas, como herramientas de insurrección. Las oraciones de los líderes por las víctimas de las armas no bastan como lo dejaron en claro los jóvenes estudiantes que a nivel nacional salieron a las calles a demandar acciones concretas –y no solo oraciones– para restringir las armas de asesinato masivo que si evaluamos sus evidentes resultados, al margen de toda semántica, son en sí mismos actos de terrorismo. Los jóvenes decidieron actuar para cambiar las cosas, para terminar con los tiroteos en las escuelas. No se trata de debatir la Segunda Enmienda, sino de retener nuestro sentido de decencia, sin dejar de reconocer que ningún derecho es ilimitado, ni inmune a una razonable regulación.

* Los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo en la escuela Marjory Stoneman lideran un movimiento a nivel nacional que tendrá su día central el sábado 24 de marzo con una "Marcha por nuestras vidas" en Washington, DC.