Mujeres participan en un servicio religioso en memoria de la activista medioambiental Berta Caceres Flores, quien recibió repetidas amenazas de muerte por su oposición a la construcción de una represa en el río Gualcarque en el oeste de Honduras. Foto/CNS/Reuters
Mujeres participan en un servicio religioso en memoria de la activista medioambiental Berta Caceres Flores, quien recibió repetidas amenazas de muerte por su oposición a la construcción de una represa en el río Gualcarque en el oeste de Honduras. Foto/CNS/Reuters

La Corte de Apelaciones de Honduras confirmó hoy la prisión preventiva de seis exregidores (exconcejales) por abuso de autoridad en el caso de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, informó una fuente oficial.

Los jueces de la Corte de Apelaciones dejaron firme el fallo emitido el 19 de abril por un juzgado hondureño que convalidó la prisión preventiva de los exconcejales, señala la resolución.

Se trata de Edwin Fúnez, Olver Robert Mejía, Nelly Senovia Sánchez, Florentino Pineda, Marlon Otoniel Méndez y Wilfredo Mejía, todos exconcejales de la Alcaldía de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, occidente del país.

Todos son acusados por abuso de autoridad al otorgar de "forma irregular e inconsulta" un permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace tres años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el río Gualcargue, al que se oponía Berta Cáceres.

Según el Ministerio Público de Honduras, los exfuncionarios facilitaron a DESA "la puesta en operaciones de la represa Agua Zarca en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos por estas comunidades originarias".

Los exconcejales contravinieron lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a consultar a los pueblos indígenas y tribales cuando se construyen obras en su territorio, añadió el organismo hondureño.

Cáceres, asesinada en marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

Los procesados junto con el exalcalde de San Francisco de Ojuera Raúl Pineda, y el ex vicealcalde Plutarco Mejía, otorgaron "ilegalmente" a la empresa DESA el permiso de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrica, indicó el Ministerio Público.

En este caso también están involucrados los exviceministros hondureños Marco Jonathan Laínez y Roberto Darío Cardona, y el exalcalde del departamento occidental de Intibucá, Martiniano Domínguez.

Según investigaciones del Ministerio Público, Laínez otorgó en 2011 la licencia ambiental a Agua Zarca, mientras que Cardona supuestamente autorizó en 2013 la ampliación de la capacidad generadora de la hidroeléctrica de 14,4 a 21,7 megavatios.

Cardona, que ostentó el cargo durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), autorizó la ampliación de la licencia ambiental sin consultar ni informar a las comunidades de la etnia lenca, a la que pertenecía Cáceres, por cuyo crimen hay nueve personas detenidas. EFE