Madres de familia, con el apoyo de CARECEN, piden reforma migratoria el verano pasado.(Foto/archivo)
Madres de familia, con el apoyo de CARECEN, piden reforma migratoria el verano pasado.(Foto/archivo)
Desde que el presidente estadounidense, Barack Obama, visitó El Salvador los pedidos para una reforma migratoria se incrementaron de manera significativa. Tras la exhortación del arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, tanto diplomáticos como activistas comunitarios han empezado a realizar gestiones para pedir a Estados Unidos que otorgue la residencia permanente a los 217.000 salvadoreños que viven bajo el estatus de protección temporal (TPS, siglas en inglés).

Esta semana, trascendió que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, dispusó una ofensiva diplomática para persuadir a los legisladores estadounidenses a que consideren su pedido. También se supo que organizaciones salvadoreñas en el exterior, como CARECEN, han sido contactados de manera reservada para conocer sus últimas impresiones sobre el referido tema.

La estrategia apunta a alentar un pronto debate migratorio en el Capitolio. pero también ver la posibilidad de ayudar de manera directa a los salvadoreños. Más de la mitad de los salvadoreños acogidos al TPS están en las áreas de Los Ángeles y Washington, DC.

Como se recuerda, en marzo pasado monseñor Escobar Alas dijo que la iglesia salvadoreña quiere que el presidente Obama interponga sus buenos oficios para que la reforma integral migratoria tenga lugar en su período presidencial.

"Sabemos que no depende totalmente de él, pero quisiéramos una palabra de compromiso, una palabra que de alguna forma dé esperanza", recordó Alas a la prensa.

Acciones concretas

Esta semana grupos proinmigrantes en todo el país pidieron el apoyo del Congreso y la Casa Blanca para la aprobación de un proyecto de ley de reforma migratoria que promueven varios líderes demócratas del Senado.

Los senadores demócratas Robert Menéndez, Dick Durbin y Patrick Leahy promueven desde la semana pasada una iniciativa para una reforma migratoria integral, que incluye el reforzamiento de la seguridad fronteriza y una vía para la legalización de unos once millones de inmigrantes indocumentados.

Según la propuesta, los indocumentados tendrían que reunir varios requisitos, incluyendo el registrarse con el gobierno, pagar impuestos y una multa, aprender inglés, no tener antecedentes penales y "ponerse en la cola para la residencia permanente".

La medida, similar a otra que fracasó en 2007, contrasta con los esfuerzos de varios líderes republicanos de incrementar el combate a la inmigración ilegal, incluyendo obligar a las empresas a que participen en el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de los empleados.

Voces

Frank Sharry, director ejecutivo de "America's Voice", dijo que el proyecto de ley "es un contraste marcado al esfuerzo liderado por el congresista (republicano) Lamar Smith para aprobar la legislación que impondría un E-Verify obligatorio".

Para Sharry, el Congreso afronta una importante disyuntiva: o facilita la legalización de los inmigrantes indocumentados, o impulsa una medida, como la del representante Smith, que facilita la expulsión de esos inmigrantes.

Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración, dijo que la medida de Menéndez es como "una bocanada de aire fresco en momentos en que los inmigrantes se sienten en la mira con leyes estatales que buscan hacerle la vida imposible a los indocumentados".

Señaló como ejemplo propuestas ante el Congreso para eliminar la ciudadanía automática de niños nacidos en EEUU de padres indocumentados, y la insistencia de que "E-Verify" sea obligatorio para todas las empresas, no sólo para las que tienen contratos federales como es el caso ahora.

Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de la coalición CHIRLA, en Los Angeles, dijo que la medida de Menéndez "busca aportar sentido común al debate hostil, aborrecible y a veces engañoso en la Cámara de Representantes" sobre cómo resolver la inmigración ilegal.

Agregó que la medida representa otra oportunidad para que el presidente Barack Obama "cumpla su promesa de reformar nuestras leyes de inmigración", y para que el Senado de marcha atrás a la "ola antiinmigrante en el Congreso".