Silvia Salazar expone al público que se dio cita a la IV Cumbre Anual de Inquilinos del DC, la necesidad de contar con viviendas a bajo costo. (Fotos/Luisa Fernanda Montero)
Silvia Salazar expone al público que se dio cita a la IV Cumbre Anual de Inquilinos del DC, la necesidad de contar con viviendas a bajo costo. (Fotos/Luisa Fernanda Montero)
Más de un centenar de inquilinos, que se dieron cita a la IV Cumbre Anual de Inquilinos del Distrito de Columbia, expresaron a los funcionarios públicos la vital necesidad de que la vivienda a bajo costo sea una prioridad para el gobierno de la ciudad. En el evento, realizado en la iglesia First Trinity, el sábado pasado, los inquilinos y consejeros de vivienda expusieron sus avances y sus retos al alcalde Vincent Gray y a los concejales que acudieron a la cumbre.

En el encuentro se escucharon voces diversas, como la del trabajador salvadoreño José Tránsito Hernández, quien vive en Washington desde hace más de veinte años: “Tenemos un gran problema y estamos peleando con el dueño del edificio que no arregla nada”.

Tránsito contó -a El Pregonero- la manida y común historia de propietarios de edificios que se valen de todo tipo de argucias para sacar a los inquilinos de sus propiedades con el fin de convertirlas en construcciones más rentables.

Hasta ahora, Hernández no ha tenido suerte. El equipo de abogados que contrató la asociación de inquilinos de su edificio, localizado en el 1630 de la Park Road, decidió -según él- llegar a un arreglo con los propietarios.

“Ya en ningún lado nos quieren ayudar”, dijo el inmigrante que asistió a la cumbre con la intención de encontrar el apoyo que necesita para conservar la vivienda que ha habitado por años, en una ciudad que se precia de defender ese derecho.

Óscar Moreno, por su parte, inquilino del inmueble localizado en el 1333 de la Euclid Street ha iniciado el proceso que espera lo lleve a validar su derecho a que se le de la primera opción de compra.

Poco después de recibir la información de que el edificio había sido puesto en venta, los propietarios les enviaron una orden de desalojo. Desde entonces Óscar y los demás miembros de la Asociación de Inquilinos de su edificio han estado luchando por sus derechos. En el proceso les acompaña el personal del Centro de Recursos para Centroamericanos CARECEN de Washington.

“Logramos revocar la orden de desalojo”, cuenta Óscar poco antes de dirigirse a la concurrencia y explicar por qué los inquilinos necesitan el apoyo legal y financiero del gobierno distrital.

“¡Estamos a punto de comprar, en pocos días vamos a ser propietarios!” dijo, por su parte, muy emocionada Silvia Salazar, quien ha librado al lado de los inquilinos del edificio Norwood, localizado en el 1417 de la calle N, una batalla de más de seis años por la adquisición del edificio que habitan.

A su lado, su vecina Silvia Romero explica que cuando todo empezó era evidente el descuido en que los propietarios dejaron caer al edificio y la clara discriminación en contra de los inmigrantes que habitan el inmueble.

“En dos semanas tendremos noticias, pero tenemos muchas esperanzas”, dijo Romero con seguridad y optimismo.

Presto a escuchar a los inquilinos y tras recordar que él mismo creció en un departamento de una habitación en Washington, el alcalde Vincent Gray señaló que la ciudad ha sido objeto de un rápido crecimiento en la última década, pasando a albergar a más de 600 mil habitantes y destacó la importancia de defender los derechos de los inquilinos.

“En un momento teníamos sesenta millones de dólares”, dijo el alcalde refiriéndose a los recursos del distrito para apoyar proyectos de vivienda accesible y lamentando la disminución de esos fondos.

En la última década, gracias al desarrollo urbano y al auge de la conversión de edificios en condominios se perdieron en Washington más de ocho mil viviendas sujetas a la ley de control de rentas, en lo que los activistas declaran representa una crisis en términos de vivienda accesible.

En Washington, según un documental presentado por los organizadores y miembros de la Corporación Latina para el Desarrollo Económico, uno de cada cinco residentes gasta la mitad de sus ingresos en pagos de vivienda.

Por eso, vale la pena recordar que los inquilinos de la capital tienen a su alcance una herramienta fundamental: La Ley de Oportunidad de Compra para Inquilinos o TOPA, por sus siglas en inglés.