| 4/23/2009 7:54:00 AM | Email this article • Print this article | College Board pide solución integral para estudiantes indocumentados
Agencia EFE
El Congreso debe corregir cuanto antes la crisis "humanitaria y de derechos civiles" que afrontan los estudiantes indocumentados en este país, pidió, al cierre de esta edición, el College Board, grupo que representa a más de 5.000 universidades y centros de enseñanza superior en EEUU.
"A medida que EEUU busca suplir la necesidad de una fuerza laboral con educación universitaria, no debe darles la espalda a jóvenes que pueden fortalecer el bienestar económico y social de nuestro país", argumenta el College Board.
Esta es la primera vez que el College Board se manifiesta públicamente a favor del proyecto de ley Dream Act que estudia el Congreso y que, de ser aprobado, permitiría la legalización de buena parte de los estudiantes indocumentados en el país.
El informe de 32 páginas ha sido divulgado en momentos en que varios estados de la nación bloquean o intentan poner trabas a cualquier esfuerzo que beneficie a los estudiantes "sin papeles".
Por ejemplo, Georgia, Oklahoma, Colorado y Arizona prohíben que los estudiantes indocumentados paguen las matrículas que corresponden a quienes viven en esos estados, por lo que aumenta sustancialmente el costo final de sus cursos.
Entre mayo y junio próximos, más de 65.000 estudiantes indocumentados que llevan al menos cinco años en EEUU se graduarán de secundaria y mientras la mayoría de los estadounidenses graduados hace planes para la universidad, ellos afrontan, un verdadero "callejón sin salida", recordó College Board.
En el informe titulado "Vidas jóvenes en espera: Los sueños universitarios de estudiantes indocumentados", Roberto G. Gonzales, un catedrático de la Universidad de Washington en Seattle, argumenta que, aparte de las trabas académicas, "la insostenible situación de estos estudiantes constituye un problema humanitario y de derechos civiles".
Además, el informe "desacredita los mitos de que los estudiantes indocumentados puedan limitar las oportunidades de los demás".
De acuerdo con un dictamen judicial de 1982, los indocumentados tienen derecho a la educación pública en la primaria y secundaria, y la ley federal en sí no prohíbe que éstos puedan asistir a la universidad.
En la práctica, sin embargo, estos estudiantes afrontan numerosos obstáculos, incluyendo los requisitos de admisión, restricciones para acceder a la matrícula estatal y la falta de ayuda financiera.
El grupo, conocido por los exámenes SAT que usan las universidades para evaluar a los estudiantes, consideró contraproducente el continuar negándole a los indocumentados la oportunidad para alcanzar su máximo potencial.
"Si no educamos a estos estudiantes... estamos desperdiciando su talento e imponiéndoles graves costos económicos y emocionales, tanto a los estudiantes indocumentados como a la sociedad estadounidense en general", destacó el informe.
Así, el College Board se suma a decenas de líderes del Congreso y organizaciones pro-inmigrantes que apoyan el Dream Act.
Según el grupo, el Dream Act daría a al menos 360.000 indocumentados graduados de secundaria "los medios para trabajar legalmente y acceder a recursos para ir a la universidad".
Además, daría incentivo a otros 715.000 jóvenes entre 5 y 17 años de edad para que terminen sus estudios secundarios y eventualmente opten por la enseñanza superior.
No es la primera vez que el Congreso estudia alguna versión del Dream Act pero, desde 2001, los esfuerzos han fracasado gracias a grupos que se oponen a la reforma migratoria.
Para Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración (NIF), el apoyo del College Board al Dream Act, es "un reconocimiento a las valiosas contribuciones de los estudiantes inmigrantes y lo útil que pueden ser para la recuperación de nuestra economía".
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