La amplitud y el alcance de las medidas de inmigración adoptadas hasta la fecha en el segundo mandato de Trump, no tienen parangón en la historia reciente de EEUU, según explicaron expertos en migración el 24 de abril durante un seminario web presentado por el Instituto de Política Migratoria (MPI) en el que se analizaron las consecuencias de las decisiones del presidente en sus primeros cien días en la Casa Blanca.
Desde enero, el presidente estadounidense ha tomado 175 acciones ejecutivas de inmigración. Trump tomó menos de 30 en su primer gobierno y el presidente Biden 94 acciones durante el mismo lapso.
Trump ha recurrido a los militares para las deportaciones y la aplicación de la ley en la frontera, ha accedido a bases de datos del Gobierno federal a las que nunca antes se había accedido con fines de aplicación de la ley de inmigración y ha condicionado las relaciones con otros países a su cooperación en materia de inmigración -según MPI.
“Sus acciones han ido desde detener la admisión de refugiados y la ayuda al reasentamiento de ellos, hasta declarar una emergencia nacional en la frontera entre EEUU y México, pasando por el despliegue de 10.000 soldados para vigilar la frontera y prohibir las solicitudes de asilo, así como muchas otras acciones”, dijo Doris Meissner, directora del programa de política de inmigración de EEUU en MPI y moderadora del webinar.
Como respuesta a las acciones del Gobierno, se han presentado al menos 50 recursos legales, incluidos tres que ya han llegado al Tribunal Supremo.
Muzaffar Chishti dijo que una de las primeras acciones ejecutivas fue la que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a niños nacidos en Estados Unidos que no tienen al menos uno de los padres ciudadano o residente permanente legal.
“Se han emitido medidas cautelares preliminares contra la orden ejecutiva en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington por tribunales federales de distrito y fueron llevados bajo desafío a la Corte Suprema por la administración Trump. El tribunal ha tomado este caso en serio y permitió que haya argumentos orales en ese caso el 15 de mayo”.
Otro caso es del salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado erróneamente a El Salvador. “El Tribunal Supremo afirmó por unanimidad que el Gobierno debe facilitar el regreso de Abrego García y la administración no lo ha traído de vuelta hasta ahora”.
El tercer caso, dijo, se trata de una expulsión a El Salvador de una persona no identificada (en la demanda se llama Christian) que también fue expulsada en violación de un acuerdo del Gobierno de no deportar a ‘dreamers’ que llegaron siendo menores. “La jueza Stephanie Gallagher, nombrada por Trump, pidió al Gobierno que facilitara el regreso de esa persona”.
Sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, el juez Bossberg dictaminó en un caso que “el traslado de estas personas sin el debido proceso fue una violación de la Constitución”. La Corte Suprema dictaminó “por unanimidad que incluso las personas que son detenidas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tienen derecho al debido proceso y la revisión judicial, pero dijo que eso sólo puede invocarse en un habeas corpus y sólo puede hacerse en un distrito en el que la gente esté detenida”.
En general, dice MPI, la máxima corte ha confirmado la autoridad del poder ejecutivo en materia de inmigración, pero ha subrayado el acceso de los inmigrantes a las garantías procesales y a la revisión judicial.
En ciertos casos, la administración ha mostrado desinterés en seguir las órdenes de las cortes, lo que ha suscitado preocupación por una inminente crisis constitucional -según los expertos.
DEPORTACIONES
La Administración tiene el objetivo de deportar a un millón de indocumentados al año. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha duplicado aproximadamente el número de detenciones diarias y con aumentos presupuestarios del Congreso podrían ampliar aún más su alcance.
Ha decidido ponerle fin a la aplicación CBP One que facilitaba el ingreso al país y prohibir el acceso al asilo en la frontera con México. Son dos razones, entre otras, por las cuales el número de ingresos no autorizados por la frontera se sitúa en mínimos históricos.
Los expertos explicaron que el Gobierno estadounidense se ha afanado en expandir la política aplicada antes en la frontera hacia el interior de la nación, lo que facilita la remoción de indocumentados.
Con Trump, se han triplicado los acuerdos 287G entre Gobierno federal y estatal-local. Chishti habló de los procesos de expulsión acelerada ahora aplicados con los acuerdos 287G y con la Ley de Enemigos Extranjeros.
“La expulsión acelerada es una medida extraordinaria de nuestra ley de inmigración que permite al Departamento de Seguridad Nacional arrestar y expulsar a personas que han estado en el país por menos de un año y pueden ser arrestados en 100 millas de nuestra frontera y no necesitan una audiencia en la corte de inmigración y es la mayor desviación de un proceso regular de inmigración. La administración anunció que ahora va a utilizar la expulsión acelerada agresivamente. La 287G autoriza a los funcionarios estatales y locales a aplicar la ley federal de inmigración (se hace por contrato y se ofrece entrenamiento). Esta administración ha multiplicado enormemente el número de jurisdicciones que han firmado este acuerdo”.
Su aplicación es controversial y convierte a “funcionarios estatales y locales como multiplicadores de la fuerza en la aplicación de las leyes de inmigración”.
Chishti dijo que uno de los primeros arrestos fue en una iglesia, pero no ha habido detenciones en los hospitales y también ha habido especulaciones de que ICE ha sido visto alrededor de las escuelas. “Esto está aumentando la ansiedad en las comunidades”.
La experta Julia Gelatt dijo que la mayoría de los arrestos se dan en jurisdicciones donde ICE tiene acuerdos de cooperación con la policía local.
Trump se esfuerza en poner fin al programa humanitario (parole) para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, así como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los afganos, cameruneses, haitianos y venezolanos. El presidente va perdiendo la batalla, pero la misma continúa en las Cortes.
El Gobierno está investigando a los estudiantes extranjeros y se han dado varios casos de expulsiones. El ingreso económico derivado de este sector y la imagen de EEUU en el exterior se ven impactados. Gelatt dijo que “la industria de estudiantes extranjeros es de trillones de dólares” y que “muchos estudiantes están preocupados acerca de su seguridad en EEUU”.
A la especialista en el tema, Kathleen Bush-Joseph, le preocupa también la falta de acceso a representación legal de las personas detenidas por ICE. “Los niños que están solos ya no tienen representación legal y están navegando en un complejo sistema de cortes de inmigración”.
Las organizaciones comunitarias están informando a la comunidad sobre los derechos de los inmigrantes y aconsejan mantenerse en silencio en caso de arresto. Esta experta dice que esa acción está complicándole al gobierno (ICE) los procesos de deportación.
MIGRACIÓN LEGAL
Otro objetivo de Trump es reducir la inmigración legal mediante la intensificación del escrutinio en los aeropuertos y otros cambios en los trámites, dice MPI. Se ha intensificado el escrutinio de quienes llegan a los aeropuertos con visas de turista u otras temporales.
El Departamento de Estado ha puesto fin a las exenciones que antes permitían a ciertos solicitantes de visa evitar una entrevista en persona.
Trump tiene la intención de crear una nueva vía de inmigración legal. Ha prometido crear una tarjeta dorada que permita a los extranjeros dispuestos a pagar 5 millones de dólares acceder a la ciudadanía estadounidense.
Ante tantos cambios, la verificación de estatus migratorio por parte de los empleadores se ha tornado un reto. Queda claro que los permisos de trabajo tienen fecha de caducidad y hay que guiarse por eso.
Kathleen advirtió que los empleadores encaran consecuencias legales si tienen en su nómina a indocumentados. Reconoce que es un asunto confuso para los empresarios y preocupante para los abogados que los representan. “Puedes ser sancionado si contratas a alguien que no tiene autorización para trabajar”.
MPI estima que hay 13.7 millones de indocumentados viviendo en EEUU -datos de mediados del 2023, con un aumento del 6 por ciento anual desde 2019.
La organización afirma que los inmigrantes que han ingresado en los años recientes provienen de Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Los que ingresaron con permiso humanitario provienen de Ucrania, México, Haití y otros países. Mencionan también un considerable número de europeos y personas de otras partes del mundo que dejaron vencer sus visas temporales.
Cabe destacar que además hubo una reducción de casi 50 posiciones laborales federales de inmigración (USCIS), lo que implica retrasos en los trámites como solicitudes de ‘green card’ y de ciudadanía. Se ha incrementado el retraso en los casos de asilo y hay 1.9 millones de personas esperando para presentar su caso en una corte. Igualmente, los rechazos a casos de asilo van en aumento.
El Gobierno recortó fondos para el reasentamiento de refugiados. Gelatt dijo que la Administración Trump está buscando nuevos socios para administrar el programa.
Además, dice que estas acciones en cuanto a inmigración alargan el tiempo de espera para los que solicitan servicios en USCIS, también para turistas y estudiantes que aspiran ingresar.
En el webinar se comentó que se han reportado entrevistas más largas para los aspirantes a la ciudadanía.
Trump ha ido más allá y ha declarado que el idioma oficial de EEUU es el inglés, también avanza con una serie de medidas para reducir los beneficios del Gobierno para los inmigrantes.
Kathleen agregó que las leyes de inmigración básicamente no han cambiado ya que solo el Congreso puede hacerlo.
Información sobre MPI: migrationpolicy.org.
