El expresidente Joe Biden calificó de "cruel" el amplio paquete fiscal y presupuestario del Gobierno de Donald Trump, aprobado este jueves por el Congreso, al considerar que contempla recortes "drásticos" en la sanidad pública.
"La clase trabajadora merece algo mejor", escribió el político demócrata en la red social X, poco después de que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, diera su aprobación definitiva al presupuesto.
"El proyecto de ley presupuestaria republicano no solo es imprudente, sino también cruel", subrayó Biden, quien advirtió que el paquete fiscal "recorta drásticamente Medicaid y priva de atención médica a millones de estadounidenses".
El predecesor de Trump también denunció que el proyecto "cerrará hospitales rurales y reducirá la asistencia alimentaria para veteranos y adultos mayores", además de provocar un aumento en las facturas de energía.
Según Biden, la ley promovida por Trump incrementará el déficit público en 4 billones de dólares y “todo esto para otorgar una enorme exención de impuestos a los multimillonarios”.
El paquete contempla importantes reducciones de impuestos, recortes en programas sociales, un aumento del gasto en defensa y seguridad fronteriza, así como nuevos gravámenes sobre las remesas y las energías renovables.
A pesar de las reticencias de algunos congresistas republicanos, la Cámara de Representantes aprobó finalmente este jueves el presupuesto de Trump, que el mandatario promulgará este viernes, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.
Trump firmará su ‘gran y hermoso’ proyecto de ley este viernes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este viernes su "gran y hermoso" proyecto de ley, que tras haber sido aprobado por el Congreso este jueves llega a su despacho a tiempo para que la ratificación coincida con el Día de la Independencia del país.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó a la prensa que habrá una "gran y hermosa ceremonia" a las 17.00 hora local (21.00 GMT).
El plan fiscal y presupuestario impulsado por el mandatario recibió el primer visto bueno de la Cámara Baja el 22 de mayo y tras su aprobación en el Senado el 1 de julio con el voto de desempate del vicepresidente, JD Vance, este jueves volvió a la Cámara Baja y obtuvo la autorización final.
El proyecto de ley había recibido reticencias en las filas republicanas por el impacto que los recortes previstos puedan tener en planes médicos como Medicaid y en sus propias circunscripciones. En 2026 hay elecciones de medio mandato, en las que se renovará toda la Cámara Baja y un tercio del Senado, y la postura de los legisladores al respecto podría influir en esos comicios.
Trump llevaba días insistiendo en que quería poder ratificarlo este 4 de julio y había amenazado con represalias a los republicanos que se opusieran al mismo.
La bancada republicana solo se podía permitir tres bajas para sacarlo adelante y finalmente solo dos conservadores le dieron la espalda: el representante de Kentucky, Thomas Massie; y el de Pensilvania, Brian Fitzpatrick.
Miles de millones de dólares a proyecto antimigratorio de Trump
La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada este jueves por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente, Donald Trump.
La mayoría republicana en ambas Cámaras apoyó un mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad, que se destinará, por amplio margen, al manejo de la inmigración.
Las voces críticas de esta legislación han calificado el gasto de "inédito" y alertan que acelerarán la agenda de deportaciones masivas de la Administración, con consecuencias "caóticas" para la población migrante de EEUU y la economía del país.
Más agentes de migración y muro fronterizo
Con un gasto de casi 170.000 millones de dólares en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20.000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 46.500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de 45.000 millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.
Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.
Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.
El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116.000 arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
Esta escalada en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería también consecuencias negativas para la economía del país, según detalló un análisis del Economic Policy Institute.
Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de trabajadores nacidos en EEUU, de acuerdo con este informe.
Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios
La ley también busca aumentar los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 100 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países.
El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares, y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.
Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110), y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).
Impuestos a las remesas y pérdida de beneficios fiscales
La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la economía de los migrantes en EEUU: un gravamen del 1 % a las remesas enviadas al extranjero.
Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Banco Mundial, con más de 85.800 millones de dólares enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.
La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, restringiendo su ya limitado acceso a beneficios fiscales.
Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán acceder al programa de crédito fiscal por hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.
A su vez, se reducirán los fondos federales del programa Medicaid para los estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal, y se prohibirá que algunos migrantes con estatus legal —incluyendo quienes tienen visas de trabajo o TPS— puedan acceder a seguros de salud con costos reducidos. (Resumen cablegráfico de EFE)
