La postura negacionista de la Casa Blanca frente a los efectos del cambio climático ha desembocado en la decisión que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anuncie la derogación definitiva de la “Declaración de Peligro” de 2009, el instrumento legal que establecía que seis gases de efecto invernadero —entre ellos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso— representan un riesgo para la salud pública.
La medida supone un importante giro en la política ambiental de Estados Unidos y ha sido interpretada por numerosos científicos, organizaciones ambientales y líderes religiosos como un retroceso que podría poner en riesgo la salud de millones de personas, debilitar la protección de los ecosistemas y socavar el cumplimiento de la “Ley de Aire Limpio”.
La “Declaración de Peligro” fue adoptada tras un amplio consenso científico que confirmó que las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen de manera significativa al calentamiento global. En ese momento, la EPA sostuvo que fenómenos como olas de calor más intensas, aumento de incendios forestales, deterioro de la calidad del aire, eventos meteorológicos extremos e inundaciones obligaban al gobierno federal a regular las emisiones contaminantes bajo su mandato de proteger la salud pública y el medio ambiente.
Las regulaciones de 2009 también recogieron un fallo de la Corte Suprema, que determinó que la EPA tiene autoridad legal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de vehículos nuevos bajo la “Ley de Aire Limpio”, al considerarlos “contaminantes del aire”.
Ahora con la derogatoria, la agencia busca eliminar regulaciones sobre vehículos a gasolina, limitar subsidios federales para automóviles eléctricos y restringir el financiamiento a nuevos proyectos de energías renovables como la solar y la eólica.
Ignorar evidencias
Para Collin O’Mara, presidente del National Wildlife Federation, revertir la “Declaración de Peligro” equivale a desconocer décadas de evidencia científica e incumplir las obligaciones legales de la EPA. Abandonar este principio, advirtió, “limita la capacidad del país para mitigar impactos climáticos que ya afectan a comunidades vulnerables y a la vida silvestre”.
O’Mara señaló que la medida podría agravar la propagación de incendios y sequías, acelerar la pérdida de hábitats, afectar la pesca, agricultura y generar consecuencias económicas significativas, especialmente en sectores vinculados a actividades al aire libre.
Diversas organizaciones ambientales también coinciden en que las comunidades de bajos ingresos serían las más perjudicadas, las cuales ya enfrentan severos riesgos ante el calor extremo, contaminación atmosférica y enfermedades respiratorias, factores que podrían intensificarse sin regulaciones federales efectivas.
Maggie Bruns, directora de Prairie Rivers Network, calificó la decisión como “un revés para todos los estadounidenses”, al debilitar herramientas regulatorias que durante más de una década sirvieron como base para políticas de reducción de emisiones.
Dimensión moral y religiosa
El debate ha trascendido el ámbito científico y político. En el marco de la X Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2025, el papa León XIV afirmó que la justicia ambiental no puede considerarse un concepto abstracto ni un objetivo lejano, pues se trata de “una cuestión de justicia social, económica y antropológica”. También recordó que “los más frágiles son los primeros en sufrir los efectos devastadores del cambio climático, la deforestación y la contaminación”.
A finales del año pasado, organizaciones como Catholic Climate Covenant, Franciscan Action Network, Dayenu: A Jewish Call to Climate Action, Laudato Si’ Movement – North America, NETWORK, Sisters of Mercy, Ignatian Solidarity Network, National Religious Partnership for the Environment y Maryknoll Office of Global Concerns publicaron un comunicado conjunto en el que advirtieron que rescindir la “Declaración de Peligro” constituiría “un fracaso moral” y un abandono de la misión de la EPA de proteger la salud humana y el medio ambiente.
Las organizaciones señalaron que derogar la norma implicaría ignorar la base científica que demuestra que las emisiones derivadas de combustibles fósiles causan daños reales y medibles. Catholic Climate Covenant, fundada en 2006 con el respaldo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, ha sido una de las voces más activas en este pronunciamiento.
Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el papa Francisco en el 2015 ya había advertido en su encíclica Laudato Si’ que el cambio climático es “uno de los principales desafíos actuales para la humanidad”. En el documento, subrayó que los gases de efecto invernadero, producidos principalmente por la actividad humana, afectan con mayor dureza a los pobres y vulnerables, y llamó a una “conversión ecológica” acompañada de políticas públicas responsables que protejan la “casa común”.
La derogación de la “Declaración de Peligro” abre así un nuevo frente de controversia en Estados Unidos, donde la política climática vuelve a situarse en el centro de una disputa que combina ciencia, economía, derecho y ética.
