El fiscal general en funciones de EEUU, Todd Blanche, publicó el 23 de julio unas directrices actualizadas sobre las protecciones federales de la libertad religiosa.
El Departamento de Justicia señaló que las actualizaciones revisan y amplían sus Directrices sobre Libertad Religiosa de 2017 a la luz de recientes y significativas sentencias de la Corte Suprema de EEUU.
El memorándum se produce en un momento en que el fiscal interino Blanche, cuya nominación como fiscal general ha estado siendo estudiada por la Comisión Judicial del Senado, se enfrenta a varios posibles obstáculos para su confirmación.
“La libertad religiosa es uno de los principios fundacionales de nuestra nación y un derecho fundamental garantizado por la Constitución”, afirmó Blanche en un comunicado. “Es esencial que las agencias federales respeten y protejan plenamente la capacidad de todos los estadounidenses para vivir su fe en la vida cotidiana, incluso en sus interacciones con el Gobierno federal”.
El memorándum afirma que la llamada Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda “debe interpretarse a la luz de las prácticas y interpretaciones históricas”.
“La historia y la tradición revelan que la Cláusula de Separación entre Iglesia y Estado prohíbe al Gobierno coaccionar la práctica religiosa, discriminar a las personas por sus creencias o prácticas religiosas, establecer distinciones entre grupos religiosos, o restringir la autonomía de las comunidades religiosas e interferir en sus asuntos internos”, señalaba el memorándum. “No obliga al Gobierno a eliminar de la vida pública todo aquello que un observador objetivo pueda considerar que respalda la religión. La actividad religiosa en la esfera pública y la expresión religiosa privada por parte de los empleados públicos no pueden prohibirse mediante el ‘veto de los detractores’”.
El memorándum señala que el libre ejercicio de la religión “incluye el derecho a actuar o abstenerse de actuar de acuerdo con las propias creencias religiosas”.
La guía actualizada ordena a todos los departamentos y agencias ejecutivos que garanticen que los programas federales, las políticas de empleo, la contratación, la elaboración de normas y las medidas de ejecución cumplan con la Constitución, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés) de 1993, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles y otras leyes federales aplicables, según informó el Departamento de Justicia.
La RFRA, según el memorándum, “se extiende no solo a las personas físicas, sino también a organizaciones, asociaciones y, al menos, a algunas sociedades mercantiles con ánimo de lucro”.
“Por ejemplo, la Corte Suprema ha dictaminado que Hobby Lobby --una corporación con ánimo de lucro que, en el momento de la sentencia de la Corte, contaba con 500 tiendas y más de 13.000 empleados-- está protegida por la RFRA”, señalaba el memorándum en referencia a la sentencia de 2014 en el caso Burwell vs. Hobby Lobby Stores Inc.
En la sentencia, aprobada por 5 votos a 4, el tribunal determinó que la empresa podía quedar exenta de la obligación de proporcionar un seguro médico que cubriera los medicamentos abortivos, ya que ello violaría las sinceras creencias religiosas de los propietarios.
Entre otras sentencias de la Corte Suprema, el memorándum de Blanche hacía referencia al caso Carson contra Makin, una sentencia de 2022 en la que el tribunal dictaminó que el programa de ayudas a la matrícula del estado de Maine no podía excluir a los colegios religiosos.
Blanche, que anteriormente fue abogado personal del presidente Donald Trump, ha estado al frente del Departamento de Justicia (DOJ) en calidad de interino desde que Trump destituyó a Pam Bondi como directora de la agencia. Desde entonces, Trump ha nominado a Blanche para ocupar el cargo, pero su nombramiento requiere la confirmación del Senado.
Durante su audiencia de confirmación del 15 de julio ante la Comisión Judicial del Senado, los miembros de dicha comisión interrogaron a Blanche sobre cuestiones que iban desde las objeciones a la forma en que el Departamento de Justicia gestionó la publicación de los expedientes de Epstein, pasando por su intento de crear un polémico “fondo contra la instrumentalización” de 1.800 millones de dólares solicitado por Trump, hasta su enfoque respecto a los recursos presentados por los estados contra una política que permite la distribución de mifepristona por correo.
El memorándum se produce además después de que la Comisión de Libertad Religiosa del Departamento de Justicia publicara en junio un borrador de su informe en el que detallaba sus conclusiones y recomendaciones al presidente. En dicho borrador se aconsejaba a Trump que “ordenara al Departamento de Justicia que emitiera directrices que aclararan la interpretación adecuada de la Cláusula de Establecimiento y la separación entre Iglesia y Estado”.
