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El Gobierno explora todas sus opciones respecto a la Ley de Insurrección

Personas durante una protesta frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Broadview, cerca a Chicago, el 11 de octubre de 2025. EFE/Cristóbal Herrera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está explorando todas las opciones respecto a la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, según indicó el vicepresidente, JD Vance, el domingo 12 en una entrevista con la cadena NBC.

«Por ahora, no ha sentido que tenga que hacerlo», señaló Vance a la cadena.

Estas declaraciones llegan poco más de una semana después de que Trummp insinuara que no descarta invocar esta ley para sofocar las protestas en contra de su despliegue de agentes federales en Chicago.

Preguntado sobre si planeaba invocar la legislación, uno de los poderes de emergencia más contundentes, para justificar el envió de tropas frente a episodios de desorden civil en ciudades demócratas, el republicano respondió: «Bueno, ya se ha invocado antes».

«Si miran a Chicago, es una gran ciudad donde hay mucha delincuencia, y si el gobernador (de Illinois, JB Pritzker) no puede hacer el trabajo, nosotros lo haremos», señaló Trump en el Despacho Oval durante una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El poder que da la Ley de Insurrección al presidente

El mandatario ha hecho ya varias señales en los últimos días que su Gobierno está considerando la idea de invocar esta ley, aprobada en el año 1807, que permite al presidente desplegar tropas militares dentro del país sin necesidad de aprobación por parte del Congreso.

La Ley de Insurrección de 1807, -que no debe confundirse con una ley marcial- está pensada para ser aplicada en crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles.

Su uso no está claramente definido ni limitado, lo que otorga a los presidentes un poder considerable para estipular cuándo y dónde desplegar las fuerzas militares dentro del país.

La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.



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