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Empresaria estafada pierde dinero y encara deportación

La inmigrante salvadoreña María G. (56) analiza los documentos que recibió de delincuentes que se hacían pasar por abogados, representantes de la embajada de Colombia y agentes de inmigración de USCIS. Foto/cortesía/María G.

Es una empresaria y profesional con dos maestrías, pero cayó presa de inescrupulosos. La inmigrante salvadoreña María G. (56) fue engañada sentimentalmente y luego fue víctima de dos fraudes de inmigración que empezaron en las redes sociales.

A María no solo le robaron 18.640 dólares, también perdió sus dos restaurantes en El Salvador, se vio afectada su estabilidad emocional y ahora encara una orden de deportación.

“No podía dormir por la pérdida económica, me preguntaba cómo es posible que me esté pasando esto a mí, me sentía culpable, tenía vergüenza de exponer el caso y miedo a la deportación. Todo lo que he vivido ha sido muy frustrante, pero mantengo la fe”, dijo conservando su apellido bajo anonimato porque ni siquiera su familia sabe lo ocurrido.

“No quiero que se preocupen por todo el infierno que he pasado en Estados Unidos”, dijo.

Primero fue estafada por un compatriota que le fingía amor y le prometía una vida juntos y documentos. Luego fue estafada por una red de delincuentes que le prometían ‘la green card’ y después por una abogada que le hizo un caso de asilo sin fundamento.

No era amor

Encantada por las promesas de amor que le ofrecían en la tercera edad, ella llegó sola a Maryland en 2023 con visa de turista. No era la primera vez que venía, pero esta vez planeaba quedarse y hacer su vida en pareja con alguien que conocía desde 2010.

“Viajábamos entre los dos países para vernos, fuimos estableciendo una relación y él me ofreció matrimonio. Decidí dejarlo todo y hacer una vida con él”, contó esta empresaria que tenía dos restaurantes, trabajaba en una organización del gobierno que apoya a las mujeres y era activa en el sindicato. Así que renunció al trabajo, vendió su auto y se vino a EEUU.

“Era una relación normal en la cual yo cocinaba, limpiaba, cuidaba de sus nietos, pero él empezó a comportarse indiferente y le daba largas a los planes de boda. Tal vez tenía otra relación”, dijo. La inmigrante, que era víctima de abuso emocional y manipulación psicológica dañina, decidió abandonarlo e independizarse.

“Fui engañada por un ciudadano estadounidense que lleva cuarenta años viviendo en EEUU y en la desesperación por regularizar los documentos migratorios, caí en una red de estafadores”, admitió.

Inescrupulosos

María encontró en redes sociales bastantes publicaciones que ofrecían regularizar el estatus migratorio. En esos anuncios en Facebook, uno hace ‘clic’ y responden con un mensaje de texto. Una tal Carmen Díaz que decía ser abogada pro-bono, le escribió en marzo 2024. María respondió tres meses después pidiendo información y le respondieron por WhatsApp. Entonces empezó el chat que se extendió durante un año.

Le dijeron que tenían una oficina en 1101 Connecticut Ave., en el noroeste de Washington.

Desde la primera comunicación, los correos electrónicos venían desde programacitizenship@atencionausuario.info, copia a Carmen.diaz@solucionesmigratoriaslatinos.com.

La supuesta abogada le ofreció a María participar en un programa que ayuda a los hispanos. Le dijo que cada país tenía cuotas restringidas para participar y que había que calificar. Entonces, le pidió datos personales, le envió información y le aseguró que había una posibilidad de obtener ‘la green card’ mediante los cupos (restringidos) de visas para países como Guatemala, Nicaragua y Colombia.

Luego recibió un email informándole que fue aceptada en el programa y que el gobierno colombiano había aceptado auspiciarla y facilitarle un cupo. En fin, tuvo que pagar 400 dólares para la solicitud (vía Western Union), pero no a USCIS sino a un supuesto funcionario de ese gobierno.

Todo llegaba por email o correo con indicaciones detalladas y con el logo ‘U.S. Citizenship and Immigration Services’. La falsa abogada hasta le daba consejos para la entrevista, que se realizó por Zoom con un supuesto agente de inmigración que vestía como un oficial del gobierno, la hizo juramentar y le leyó artículos de ley de inmigración.

“Yo caí redonda… porque todo parecía tan formal, eran profesionales, cuidadosos al hablar y refinados”, contó la víctima.

Primero pagó 710 dólares convencida de que debía hacerlo para evitar una orden de deportación, luego 2.800 para los datos biométricos (le hicieron creer que le tomaban las huellas con el teléfono o la pantalla), 3.500 dólares para una entrevista, 7.680 para otra y 2.200 dólares para un seguro de la green card.

Al hacer el pago final para el envío por DHL, le dijeron que el proceso de USCIS fue cerrado y solo faltaba la parte administrativa y la entrega de los documentos. Entonces, llamó otra persona en inglés -en el identificador de llamadas decía ‘immigration’- advirtiéndole que debía recibir la tarjeta de residencia en sus manos. “La falsa abogada me llamó para regañarme porque no estuve pendiente y para decirme que perdí la oportunidad de legalización. Cuando le pedí encontrarla en persona, la mujer empezó a desaparecer, se hacía la enferma y culpaba al servicio de envío”.

María fue a la oficina legal, sí existía, pero no encontró a Carmen y descubrió que eventualmente rentaba un cubículo. “No sé si estas personas están involucradas en la estafa. Ya me sonaba a extorsión y fraude, pero todavía yo les daba el beneficio de la duda”.

La estafa siguió. Carmen le dijo a María que se comunique con la embajada de Colombia y un día llama alguien diciendo que era funcionario de la embajada y para pedirle 1.200 dólares más para reenviar los documentos a USCIS. “Incluso llegó a llamar a uno de mis hijos en El Salvador para pedirle dinero a fin de acelerar el trámite”, contó la afectada.

María confió y pagó otra vez, pero a los pocos días todos desaparecieron y bloquearon todos los números involucrados.

Poco a poco pudo ratificar que se trata de una red de delincuentes y autoridades le dijeron que podría haber funcionarios reales involucrados.

“Me sentía emocionalmente mal, sentía miedo de ser deportada, había pedido dinero prestado para el trámite y estaba desesperada”, dijo. Entonces, buscó los servicios de la abogada o gestora Hilda M. González (con oficina en Nueva York) que le garantizó que ninguna solicitud llegó a las autoridades de inmigración, le dio falsas esperanzas y le cobró 1.710 dólares para gestionar un permiso de trabajo como parte de una solicitud de asilo que la peticionaria desconocía.

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Washington apoyó a María desde septiembre de 2025. “En noviembre recibí una carta real de USCIS informándome que la solicitud de permiso laboral fue rechazada y en enero de 2026 otra carta diciéndome que tengo orden de deportación”, dijo María sobre el tercer engaño.

Siguiendo las indicaciones, fue a tomarse las huellas dactilares y a tres audiencias en la corte de inmigración de Hyattsville. Allí explicó que fue víctima de fraude y de una red de extorsión.

La afectada hizo la denuncia con la policía de Montgomery y sometió quejas formales en la embajada de Colombia, en la de EEUU en Colombia y a diferentes niveles del gobierno estadounidense.

Esta inmigrante indocumentada está en proceso de someter la solicitud de la visa U (para víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental) con el apoyo de Caridades Católicas y un caso de asilo con la organización AYUDA porque fue perseguida en su país, dañaron su patrimonio y atacaron su auto por ser sindicalista.

A los inmigrantes les aconseja que hagan gestiones en persona con bufetes serios, no teman denunciar y poner quejas ante el gobierno, busquen asesoramiento en organizaciones comunitarias respetables y comprueben si los abogados pertenecen a la asociación respectiva. Por ejemplo, en Maryland: courts.state.md.us/lawyers/barassociations.

¿Redes sociales? ¡Cero! De ese océano de información en las redes sociales, es muy difícil llegar a lo real”, dice María.

Celia Rivas, coordinadora de los servicios de inmigración de Caridades Católicas dice que la señora está en proceso de deportación y en riesgo de detención. Aunque va a solicitar una visa U, “solo hay 10 mil visas U disponibles para víctimas de crímenes anualmente y hay más de 100 mil solicitudes pendientes en sistema”.

Celia aconseja: “Consulten a organizaciones comunitarias, abogados, especialistas de inmigración para ver qué posibilidad de legalización tienen, pero no caigan víctima de fraude migratorio”.

Para mayor información sobre los fraudes de inmigración, visite el portal del gobierno: uscis.gov/es/evite-las-estafas-de-inmigracion.



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