La reducción de los flujos migratorios hacia Estados Unidos comienza a tener consecuencias que van más allá del debate político y fronterizo. Escasez de trabajadores, reducción en el flujo de consumidores y temor en las familias inmigrantes podrían limitar el crecimiento económico, dificultar la contratación de personal y aumentar la presión sobre sectores productivos del país.
Un análisis del Instituto Brookings, difundido a inicios de 2026, advirtió que por primera vez (en medio siglo) la migración neta estadounidense pudo haber sido negativa durante 2025. El estudio de Wendy Edelberg, Stan Veuger y Tara Watson estimó un saldo entre una pérdida de 295.000 personas y un resultado cercano a cero.
Para el resto de 2026, Brookings anticipó la posibilidad de una migración negativa neta, aunque con elevada incertidumbre ante la menor disponibilidad de información oficial.
Menos inmigrantes, menor crecimiento
Los expertos consideran que la migración neta es la diferencia entre quienes ingresan a un país y quienes lo abandonan, pero cuando es negativa, significa que salen más personas de las que llegan.
Según el análisis económico del Instituto Brookings, los inmigrantes contribuyen al crecimiento mediante su participación laboral, el consumo de bienes y servicios y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB): “Una reducción prolongada de estos flujos podría traducirse en menor producción, menos empleo y dificultades para cubrir puestos de trabajo”.
El documento también hace referencia a la escasez de trabajadores, que, entre múltiples cosas, podría elevar los costos empresariales y trasladar ese incremento a los precios que pagan los consumidores.
Sectores como la construcción, agricultura, industria alimentaria, servicios y cuidado de personas se encuentran entre las actividades que dependen de una importante fuerza laboral inmigrante, que hoy es blanco por no contar con la documentación migratoria al día.
Incertidumbre laboral
No cabe duda, que la actual situación migratoria influye directamente en la economía de millones de hogares. Y es que el temor a deportaciones, la pérdida de permisos laborales o la falta de una solución migratoria permanente pueden reducir el consumo, frenar inversiones y dificultar la planificación de pequeños negocios.
Para el electricista salvadoreño Eugenio Sotomayor la cancelación del TPS tendría efectos negativos, tanto para su familia como para la empresa para la que trabaja: “Perder la posibilidad de trabajar legalmente, pondría en riesgo la educación universitaria de mis hijos, el pago de mi hipoteca y la imposibilidad de cumplir con el resto de las obligaciones económicas adquiridas en los últimos 16 años. Eso no es bueno para el país”.
La salvadoreña Sonia Luque, con 13 años viviendo el Takoma Park (Maryland), no puede ocultar su preocupación sobre su futuro y el de su familia: “Aquí tenemos trabajo, aquí estudian mis hijas y pagamos todos los años impuestos. Regresar después de tantos años a El Salvador sería comenzar de nuevo en un país extraño para mis hijas. Solo queremos una oportunidad para seguir aportando al desarrollo de EEUU. Los salvadoreños hemos demostrado que somos personas de bien y buenos trabajadores”.
DACA: Espera que desespera
Desde el 2012 los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como Dreamers, enfrentan la incertidumbre sobre su futuro. Ellos han estado involucrados en litigios ante los tribunales federales y decenas de ocasiones se les ha visto defender demandas individuales, presentar recursos de apelación y hasta la fecha su lucha en defensa del programa continua.
Pero la eventual pérdida del permiso de trabajo de los Dreamers afectaría los ingresos familiares, la estabilidad de empleadores y el consumo de una generación que ha crecido y contribuido a la sociedad estadounidense.
El mexicano Ismael Cruz recuerda que llegó a los 6 años a la ciudad de Tucson, Arizona, y después de un tiempo sus padres se mudaron con toda la familia Riverdale (Maryland) para trabajar en un Country Club: “Gracias a DACA pude estudiar en el college, especializarme en greenkeeping (mantenimiento campos deportivos). Luego me case y estoy construyendo mi vida aquí. Me preocupa la idea de tener que salir de EEUU, pues no tengo idea donde podría vivir después de tantos años viviendo en Estados Unidos. Me angustia que no exista una solución definitiva para los Dreamers”.
Cuestionable decisión
La migración negativa y la incertidumbre de los programas DACA y TPS reflejan un mismo desafío: la política migratoria tiene efectos directos sobre la economía nacional.
Las proyecciones estadísticas revelan que los cerca de 170.000 salvadoreños con TPS generan $5.400 millones de dólares al año en ingresos netos y pagan alrededor de $1.500 millones de dorales en impuestos federales, estatales y locales combinados.
El Instituto de Políticas Migratorias (MPI) estima que cerca de un millón de personas están protegidas por el programa DACA. Los datos federales revelan que los dreamers realizan contribuciones anuales de 45 mil millones de dólares a la economía estadounidenses.
Los analistas coinciden que una reducción prolongada de los flujos migratorios, sumada a la salida o pérdida de autorización laboral de quienes ya viven en Estados Unidos, podría limitar el crecimiento, afectar a empleadores y debilitar la estabilidad de las comunidades.
En septiembre de 2026, mientras continúan las deportaciones y permanece pendiente una reforma migratoria integral, miles de familias esperan decisiones que determinarán no solo su situación legal, sino también su futuro económico y familiar.
Tom Homan, el “zar de la frontera” dijo recientemente que está cumpliendo la promesas de “asegurar la frontera e incrementar las operaciones de deportación con cifras nunca antes vistas”. Hasta julio de 2026, ICE registró 49.571 arrestos a nivel nacional, el récord mensual del segundo mandato del presidente Donald Trump.
