En la última década casi la mitad del flujo migratorio mundial de mujeres se registra en la frontera entre Mexico y Estados Unidos. Ellas, en busca de un futuro diferente para sus familias, se arriesgan a ser víctimas de violencia sexual, explotación laboral y tienen severas dificultades para acceder a servicios de salud. Hoy cerca de cinco millones de mujeres que viven en el país nacieron en tierras aztecas y alrededor del 48% de los hogares encabezados por madres mexicanas.
La cónsul general de México en San Diego, Alicia Kerber, destacó la creciente feminización de la migración hacia Estados Unidos y dijo que las mujeres migran para escapar de contextos de violencia o para buscar oportunidades y espacios de decisión que les son negados en sus lugares de origen: “El problema es que muchas autoridades no entienden o no quieren entender esta dramática situación”.
Esta realidad fue analizada por autoridades, académicas y operadoras de justicia de México y Estados Unidos el 11 de marzo de un encuentro binacional denominado “El acceso de las mujeres a la justicia en un contexto migratorio”, organizado por el Consulado General de México en San Diego y el Centro de Estudios México–Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego. El foro se convirtió en un espacio de reflexión sobre los desafíos y las estrategias necesarias para garantizar los derechos de las mujeres migrantes que cruzan la frontera.
Desde el ámbito académico, la doctora Janet García Alcaraz, investigadora de “El Colegio de la Frontera Norte”, analizó el caso de Baja California a partir de la “Alerta de Violencia de Género decretada en 2021” para todo el estado, explicando que esta declaratoria obligó a diseñar políticas públicas específicas en cuatro ejes: prevención, seguridad, justicia y reparación del daño, con especial atención a las mujeres migrantes.
Mencionó la creación de programas preventivos con enfoque intercultural y diferencial, la implementación de protocolos especializados en garitas y estaciones migratorias, así como la garantía de servicios de traducción e interpretación para que las víctimas puedan denunciar sin enfrentar nuevas barreras dentro de las instituciones: “Es urgente mejorar los registros de información oficial sobre la cruda realidad que viven las mujeres migrantes, pues lo que no se documenta, no existe y no se protege”.
En la misma línea, María Magdalena Bautista, directora del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Baja California, explicó que la mencionada alerta de género impulsó el fortalecimiento institucional y la ampliación de la infraestructura de estos centros. Uno de los proyectos más significativos fue la apertura de un CEJUM en San Quintín, un municipio mexicano de reciente creación con una población mayoritariamente indígena y con altos niveles de rezago social.
“El trabajo de los CEJUM se basa en un enfoque de interseccionalidad, que reconoce las vulnerabilidades específicas de mujeres en movilidad, indígenas, con discapacidad o pertenecientes a diversas comunidades. Para responder a esa diversidad, los centros cuentan con personal que habla lenguas indígenas y mantienen coordinación con fiscalías, el Poder Judicial, organismos internacionales y autoridades del condado de San Diego mediante acuerdos de cooperación binacional”, dijo Bautista.
La realidad del sur de México fue expuesta por Tania Albarrán Ocampo, directora del CEJUM de Oaxaca, quien describió el “vía crucis” que vive las mujeres migrantes debido a la complejidad de los procesos migratorios: “Por un lado, se encuentran las mujeres provenientes de Centroamérica y otros países que atraviesan territorio oaxaqueño rumbo a la frontera de Estados Unidos; por otro, las oaxaqueñas que migran temporalmente hacia campos agrícolas en estados como Baja California, muchas veces en condiciones precarias. Son dos caras de un mismo problema”.
Agregó la existencia de un tercer grupo que lo conforman las mujeres que emigraron a Estados Unidos, formaron familias en ese país y regresan años después a México con hijos nacidos en territorio estadounidense, lo que genera nuevas necesidades legales y sociales. Albarrán recordó que Oaxaca cuenta con 570 municipios- 417 de ellos indígenas- y solo dos Centros de Justicia para las Mujeres, lo que representa un desafío para garantizar una atención culturalmente pertinente en todo el estado.
Desde el lado estadounidense, la fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, enfatizó que la seguridad y la justicia son derechos humanos que no pueden condicionarse al estatus migratorio: “Con décadas de experiencia en la persecución de delitos de trata de personas y violencia de género, soy consciente que las mujeres migrantes son especialmente vulnerables a la explotación sexual, laboral y doméstica”.
Para enfrentar esta problemática, destacó la fiscal de San Diego, son importantes los memorandos de entendimiento y la cooperación cotidiana con centros de justicia en México, particularmente con el de Tijuana, lo que hoy permite brindar protección a víctimas cuyos casos atraviesan la frontera. Stephan explicó que en San Diego existe una red de centros de justicia familiar donde se concentran servicios legales, atención psicológica, refugio y asistencia básica, sin que se registre el estatus migratorio de las víctimas para evitar que el miedo las disuada de buscar ayuda.
El enfoque de este problema fue ampliado por Diane Doherty, directora de Your Safe Place-San Diego Family Justice Center, que es considerado el primer centro de este tipo en el mundo. Ella relató que el modelo surgió al constatar que las sobrevivientes de violencia doméstica debían recorrer múltiples oficinas para obtener protección, asesoría legal o apoyo psicológico.
“Hoy en nuestros centros se brinda atención gratuita y confidencial a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil y trata de personas, sin importar su edad, género o situación migratoria. Estamos enfocados en planes de seguridad personalizados, acompañamiento a tribunales y atención sensible a la cultura y la historia de cada mujer, con el objetivo de devolverles autonomía y capacidad de decisión. La colaboración con el Consulado de México, que ofrece asesoría jurídica dentro del propio centro, ha sido clave para fortalecer la confianza de las comunidades migrantes”, manifestó Doherty.
A lo largo del encuentro, los participantes coincidieron en que garantizar el acceso a la justicia para las mujeres migrantes exige mucho más que marcos legales adecuados. También, dijeron, requiere datos confiables, políticas públicas con enfoque intercultural, redes de traducción e interpretación, centros integrales de atención y una coordinación binacional constante.
En ese intercambio de experiencias, el modelo de Centros de Justicia para las Mujeres en México y los Family Justice Centers en San Diego se perfiló como una vía concreta para transformar la vulnerabilidad en protección efectiva, y para asegurar que la justicia sea un recurso real para las mujeres que viven, trabajan o transitan entre ambos países.
