La nueva ley fiscal, recientemente aprobada por el Congreso, marca un giro significativo en la política migratoria y fiscal de Estados Unidos. La normativa introduce medidas que abarcan desde un impuesto a las remesas hasta nuevas tarifas obligatorias para procesos migratorios humanitarios, así como restricciones en programas sociales federales. Si bien sus impulsores la presentan como una estrategia para ordenar el sistema y contener gastos, los impactos sociales y jurídicos se perfilan complejos.
“Todo cambio estructural puede generar oportunidades de mejora si se implementa con equilibrio, transparencia y garantías”, sostuvo el abogado de inmigración Héctor Quiroga, tras analizar el texto legal. “El desafío está en cómo estas medidas impactarán la vida cotidiana de millones de personas”, enfatizó.
Remesas: el 1% que redefine la ayuda familiar
Una de las disposiciones más comentadas es la creación de un impuesto federal del 1% sobre remesas enviadas al extranjero por medios no bancarios, como giros postales, efectivo o cheques de caja. Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026. En contraste, no se aplicará a transferencias realizadas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas por instituciones financieras estadounidenses.
“El método de envío será determinante. El impuesto no se aplicará a todas las remesas, pero afectará a quienes utilizan canales no bancarizados, que suelen ser los más vulnerables”, comentó el abogado Quiroga.
En países como México, Guatemala o El Salvador, donde las remesas representan una fuente esencial de ingresos familiares, incluso un recorte mensual del 1% puede impactar el acceso a necesidades básicas. En términos prácticos, enviar $500 por giro postal implicará un pago adicional de $5 por transacción. Sin embargo, la ley no especifica cómo se utilizará el dinero recaudado por este impuesto, lo que genera incertidumbre sobre su destino y su impacto real en las comunidades migrantes.
Asilo y TPS: tarifas fijas para derechos fundamentales
También se establecen tarifas obligatorias para trámites migratorios clave. La ley indica que solicitar asilo implicará el pago de $100 anuales mientras el caso esté activo. Así mismo, la renovación del permiso de trabajo para personas bajo TPS o parole costará al menos $275. Para quienes sean detenidos entre puertos de entrada, se fija una tarifa de $5.000.
“Estas tarifas representan un cambio profundo. Acceder a protecciones humanitarias ya no dependerá solo de criterios legales, sino también de la capacidad económica del solicitante. Y eso puede constituir una barrera significativa para personas en situación de riesgo”, puntualizó el abogado Quiroga.
Programas sociales con cobertura más limitada
Otra parte del texto legal redefine los criterios de acceso a programas como Medicaid, SNAP, CHIP y subsidios de vivienda. El proyecto se establece que la cobertura quedará restringida a ciudadanos, residentes legales permanentes y ciertos grupos autorizados. Esta disposición podría excluir a millones de personas migrantes de servicios básicos de salud, alimentación y vivienda.
“Este tipo de cambios tiene un efecto en cadena. Al reducir la cobertura a nivel federal, es probable que aumente la presión sobre estados, condados y organizaciones comunitarias, sin que haya un aumento proporcional en los recursos locales”, indicó el abogado.
Aumento presupuestal para ICE, CBP y Cortes migratorias
El plan fiscal aprobado también contempla un incremento significativo del presupuesto destinado a las agencias de control migratorio. Asigna más de 45.000 millones de dólares a agencias como ICE y CBP para ampliar personal, renovar equipos, aumentar la capacidad de detención y mejorar los sistemas de vigilancia y transporte. El texto también autoriza la contratación de hasta 800 nuevos jueces de inmigración para el año 2028.
“El fortalecimiento institucional puede ser positivo si se orienta al debido proceso”, destacó el abogado Quiroga. “No se trata solo de rapidez, sino de asegurar que cada persona tenga acceso a una evaluación justa de su caso”.
A pesar de esta inversión, el documento no detalla un cronograma de ejecución acelerado para los jueces, lo cual podría mantener la acumulación de más de 11 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración.
Gobiernos locales como brazo auxiliar del control migratorio
Otra disposición relevante crea un fondo de 3.500 millones de dólares destinado a financiar la participación de gobiernos estatales y locales en tareas migratorias. Esto incluye la identificación, el traslado y el procesamiento de personas sin estatus legal, en coordinación con agencias federales.
Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, “es fundamental que estos convenios se desarrollen bajo protocolos claros y respetuosos de la legalidad vigente. De lo contrario, se corre el riesgo de aumentar la discrecionalidad y los márgenes de error, especialmente en contextos altamente politizados”.
¿Qué retos plantea esta ley para las familias inmigrantes?
La nueva ley fiscal introduce cargas económicas nuevas que podrían afectar gravemente a familias migrantes, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. La combinación de tarifas obligatorias para trámites como el asilo, el TPS o el parole, junto con las restricciones al acceso a programas sociales, podría suponer un obstáculo para quienes buscan regularizar su situación o acceder a servicios básicos.
“Para muchas familias, estos cambios implican reestructurar sus finanzas mientras enfrentan procesos legales complejos. Es fundamental revisar cada situación con un enfoque informado”, advirtió.
El impuesto del 1% a remesas enviadas en efectivo también representa un posible golpe al ingreso familiar transnacional, especialmente en economías donde ese dinero es esencial para sobrevivir.
¿Qué tiene de positivo el plan fiscal?
Pese a las preocupaciones que genera, la ley también contiene medidas que, desde una óptica de política pública, buscan aportar mayor estructura y sostenibilidad al sistema migratorio. Uno de los aspectos más destacados es la previsibilidad fiscal: al establecer tarifas fijas para trámites como el asilo, TPS o Parole. El Gobierno puede anticipar ingresos y asignar presupuestos más sostenibles para entidades como USCIS y EOIR. Esto, en teoría, permitiría reducir los tiempos de procesamiento y evitar crisis presupuestarias.
El impuesto a remesas no bancarizadas también podría incentivar el uso de canales financieros formales, lo cual mejora la trazabilidad, la seguridad y, eventualmente, el acceso a servicios bancarios para migrantes.
Además, la inversión en agencias como ICE, CBP y las cortes migratorias, así como el fondo de colaboración estatal, puede mejorar la capacidad operativa del sistema.
“El éxito dependerá del enfoque que se adopte: si se prioriza el respeto al debido proceso y el uso racional de los recursos, hay margen para que estas herramientas funcionen”, consideró el abogado Quiroga.
Una ley con impacto multisectorial que requiere seguimiento crítico
La nueva ley fiscal marca un cambio significativo en el diseño migratorio y fiscal de EEUU. Aunque aporta instrumentos para la recaudación y el control, también impone condiciones nuevas para el acceso a derechos y servicios básicos. Las comunidades migrantes, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad, enfrentarán nuevos retos económicos y administrativos, por lo que la vigilancia legal y social será clave.
“En este contexto, la información clara y el acompañamiento legal son más necesarios que nunca. Estamos ante un escenario dinámico, que requerirá adaptación y evaluación constante por parte de todos los actores involucrados”.
