Asistir a una cita en una Corte de inmigración se ha convertido, para muchos solicitantes de asilo, en un juego de azar con consecuencias devastadoras. Cada audiencia es una “ruleta rusa”, donde el destino puede inclinarse entre la extensión temporal de su estadía legal o una orden inmediata de detención y deportación.
En ciudades como Baltimore (Maryland) y Annandale (Virginia), decenas de migrantes acuden diariamente a los tribunales con la incertidumbre dibujada en el rostro. Algunos cuentan con representación legal, otros depositan su fe en la información registrada a través de la aplicación móvil “CBP One”, esperando que sea suficiente para convencer al juez de que sus vidas corren peligro si regresan a sus países.
Desde mayo de 2025, los jueces de inmigración pueden rechazar solicitudes de asilo sin necesidad de una audiencia final, si consideran que los casos carecen de fundamentos sólidos o evidencias suficientes. Esta nueva normativa ha sembrado confusión y temor entre los solicitantes.
Además del reto de justificar su petición ante un juez, los migrantes también enfrentan el riesgo de ser arrestados al salir del tribunal, donde agentes de inmigración suelen estar al acecho. “Es un ambiente de tensión constante. Hay familias enteras que entran juntas, rezando, como si fueran al matadero”, comentario que se escucha con mucha frecuencia entre los familiares de los migrantes.
Según cifras recientes del Departamento de Seguridad Nacional, durante los primeros 100 días del nuevo mandato del presidente Trump, se registraron más de 158.000 arrestos de inmigrantes indocumentados, de los cuales aproximadamente 142.000 fueron deportados.
Un milagro en la balanza
Rolando Ruiz, un migrante venezolano, llegó a Estados Unidos en junio de 2023 junto a su hijo Marcial, tras acogerse al programa “Vía Legal y Segura” creado por la administración Biden en 2022. El plan, dirigido a ciudadanos de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, permitía la entrada legal al país mediante el respaldo de un patrocinador residente en Estados Unidos.
“Gracias al patrocinio de mi primo y al favor de Dios, obtuvimos un permiso de trabajo y una estadía temporal de dos años”, contó Ruiz, viudo desde hace siete años. Pero, el panorama cambió drásticamente con la llegada de Trump al poder y la cancelación del programa. “Ahora todo está en el aire. Nuestra cita en la Corte es en septiembre y rezamos todos los días para que no nos deporten. No tenemos a dónde regresar”.
Ruiz recuerda que tras la muerte de su esposa abandonó su apartamento en Caracas y emigró con su hijo, primero a Colombia, luego a Perú, y finalmente a México, desde donde logró ingresar a Estados Unidos. “Nos ilusionamos con tener una vida diferente aquí. Hoy estamos en un limbo migratorio, sin rumbo”.
El drama de miles de familias
Historias como la de Rolando se multiplican. La cancelación del “parole” humanitario, una medida temporal instaurada por Biden en 2022 que permitió el ingreso legal de más de 500.000 migrantes de países con crisis humanitarias, ha generado incertidumbre en miles de hogares.
Aunque siguen en curso los argumentos de tipo legal y humanitario sobre su continuidad, el panorama se complica tras el fallo judicial del 30 de mayo, que avaló al Gobierno de Trump a revertir las protecciones otorgadas por su predecesor.
Con más de 532.000 personas —cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses— en riesgo de perder su estatus temporal, la comunidad inmigrante vive días de angustia, aferrándose a la esperanza, al apoyo de sus patrocinadores y a la fe.
“El sueño americano se nos está volviendo una pesadilla”, dice Ruiz, mientras espera, como tantos otros, que su historia no termine con un boleto de regreso a la nada.
