Tienen efectos distintos para el cambio climático, pero no para las comunidades locales. Pese a ser el camino para combatir la crisis climática, los proyectos de energías renovables siguen la misma lógica extractivista que los de los combustibles fósiles y vulneran de forma sistemática las necesidades y las formas de vida de las poblaciones autóctonas de todo el mundo.
Estas son las principales conclusiones de un estudio, publicado en la revista Ecological Economics, en el que investigadores internacionales han analizado 15 casos de conflicto sociales en torno a proyectos de energía renovables (solares, hidroeléctricos, eólicos y geotérmicos) del grupo italiano Enel en Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, la India y el Sáhara.
La investigación confronta los discursos corporativos de creación de valor compartido con las vivencias de las comunidades afectadas, que denuncian la vulneración de sus derechos y unas lógicas extractivistas que también se mantienen en estos casos.
Según los autores, la transición energética suele ignorar a estas comunidades locales, por lo que perpetúa dinámicas de injusticia ambiental.
Pero en estos casos, además, las compañías utilizan la autoridad moral adicional derivada de las narrativas de mitigación del cambio climático para ocultar o deslegitimar las reivindicaciones locales.
«Esto concuerda con los estudios sobre extractivismo verde y colonialismo, que sostienen que la expansión de las energías renovables a menudo extiende, en lugar de reemplazar, las lógicas extractivistas», recoge el informe.
Según los autores, no se trata de un caso aislado, sino un patrón que se puede extrapolar a los modelos de proyectos renovables a gran escala en todo el mundo, en el que las compañías utilizan la urgencia climática como excusa para deslegitimar las reivindicaciones locales.
«La transición energética es urgente, pero no puede construirse sobre el sufrimiento de comunidades cuyos valores quedan fuera de la ecuación. Comprender qué valores son significativos a escala local es una condición previa para que una transición sea verdaderamente justa y sostenible en el tiempo», ha afirmado la investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) Daniela del Bene en un comunicado de la institución.
Un conflicto con varias dimensiones
A través de un ejercicio de contrainformación y entrevistas, la investigación analiza cinco dimensiones de los impactos: ambiental, socioeconómica, relacionada con la salud, ontológica y política. En todos los casos aparecen impactos en la flora y la fauna, a menudo acompañados de quejas por la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental incompletas o parciales.
Estas comunidades también se tienen que enfrentar a la alteración de sus economías tradicionales, la pérdida de la soberanía alimentaria, los desplazamientos forzosos o las indemnizaciones insuficientes.
Impactos físicos y psicológicos, secuelas graves, falta de información transparente, la ignorancia de la visión comunitaria e indígena del territorio o las asimetrías de poder son otras de las consecuencias.
«No se trata solo de un impacto colateral que pueda compensarse con la reubicación, sino de una herida en la dignidad e identidad de las comunidades locales que pone en peligro las premisas ontológicas mismas de una existencia significativa y, por lo tanto, la capacidad colectiva de una vida digna en relación con, o en interexistencia con, todo el territorio», recoge el informe.
Además, los autores señalan que, pese a que los tipos de daño cambian según la tecnología, la lógica subyacente es la misma: las relaciones de la comunidad con el territorio está subordinada a la lógica del beneficio económico.
En este contexto, los autores del informe consideran que es necesario que se ponga en marcha un marco diferente para crear una gobernanza energética basada en valores plurales y relacionales, en el que se descentralice el papel de las grandes empresas y las comunidades afectadas tengan poder de decisión.
