Hay palabras que, dichas desde Roma, adquieren una resonancia particular cuando llegan a nuestras comunidades del área metropolitana de Washington. La invitación de León XIV a transformar los espacios urbanos en lugares “donde nadie se sienta invisible” no es una consigna abstracta para nuestra feligresía hispana: es, literalmente, la descripción de una herida abierta. Porque en estos días, ser invisible no es solo la condición del anciano solitario en su apartamento o del joven hipnotizado por su teléfono móvil en medio de una multitud. Es, también, y, sobre todo, la condición de miles de hermanos y hermanas inmigrantes que temen salir a la calle, llevar a sus hijos a la escuela o acudir a misa, no sea que la “invisibilidad” que anhelan se convierta, de un momento a otro, en la exposición más brutal ante un sistema que les persigue.
El Papa habla de una Iglesia “en salida”, capaz de tender la mano allí donde reina la indiferencia. Nuestras parroquias --insiste el pontífice-- son los lugares idóneos para construir espacios de libertad y de encuentro, especialmente para los jóvenes. Y es precisamente esa vocación parroquial la que hoy se pone a prueba en nuestro país, donde la aplicación de la ley migratoria sigue cobrando vidas humanas.
Los obispos Daniel García y Brendan Cahill, al frente de los comités de Justicia Racial y de Migración de la USCCB, no han dudado en llamar las cosas por su nombre: lamentan que la vida humana llegue a “un final antinatural”, denuncian que la elaboración de perfiles raciales “viola la dignidad dada por Dios” y advierten que la deshumanización del inmigrante --al igual que la vilipendiación indiscriminada de quienes hacen cumplir la ley-- nunca debería normalizarse en una sociedad que se precia de sus principios fundacionales. Conviene subrayar que esta no es una postura ideológica ni partidista. Los obispos son explícitos: afirman el papel legítimo de las autoridades civiles para aplicar la ley, pero exigen que ese poder se ejerza “dentro de los límites de la ley moral”. Piden rendición de cuentas, transparencia y una reforma migratoria significativa. No se trata, pues, de elegir entre el orden y la compasión, sino de recordar que ambos deben coexistir bajo el mismo techo de la dignidad humana, principio irrenunciable que ni la legalidad ni la necesidad de seguridad pueden erosionar.
Vale la pena recordar, en este contexto, que nuestra propia lengua lleva inscrita la vocación de convivencia con el “otro”: ese “nosotros” que en español significa literalmente “nos + otros” es el testimonio lingüístico de una civilización que aprendió, con el tiempo, a incluir al ‘distinto’ en su propia identidad. Frente a ese legado, resulta doblemente doloroso constatar que la nación que hoy erige muros y centros de detención es, al mismo tiempo, la que más se ha beneficiado --y se sigue beneficiando-- del trabajo silencioso de millones de indocumentados. No se puede vivir en la hipocresía de recibir con una mano lo que se rechaza con la otra, de ignorar el aporte del inmigrante mientras se le señala como chivo expiatorio de los males del país.
Aquí convergen, en una sola convicción, la voz del Papa y la de nuestros obispos: la dignidad humana no admite gradaciones ni excepciones circunstanciales. León XIV nos pide gestos sencillos de acogida que devuelvan esperanza; los obispos de la USCCB nos piden oración, pero también justicia y reforma. Para nuestra comunidad hispana católica de la región de Washington, el mensaje no podría ser más claro ni más urgente: nuestras parroquias deben seguir siendo, hoy más que nunca, esos espacios donde ningún hermano migrante se sienta invisible ni descartable, sino reconocido como lo que verdaderamente es --hijo de Dios, y coautor, con nosotros, de este experimento inconcluso que llamamos nación.
