Este año, Estados Unidos cumple un cuarto de milenio desde que trece colonias se atrevieron a declarar, ante el mundo, que todos los seres humanos son creados iguales y dotados por su Creador de derechos que ningún gobierno puede arrebatar. Esa afirmación —la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad— no fue solo un documento fundacional para unos pocos: fue una promesa abierta, capaz de inspirar generaciones enteras de personas que, como muchos de nuestros lectores, llegaron a este país buscando precisamente aquello que la Declaración prometía.
La fuerza de esa idea no ha disminuido con el tiempo. Al contrario, se ha ido ampliando: la enmienda que extendió el voto a las mujeres, la lucha por los derechos civiles, y el ejemplo mismo de Estados Unidos que ayudó a inspirar movimientos de libertad en buena parte de nuestro propio hemisferio, son capítulos de una misma historia de autogobierno que sigue escribiéndose. Ninguna nación fundada en una idea, y no en lazos de sangre o de tierra, puede considerarse terminada; siempre está en proceso de cumplir mejor su propia promesa.
Los fundadores eran hombres imperfectos, y la historia de este país incluye contradicciones dolorosas que no conviene ocultar. Pero también nos dejaron las herramientas para reconocerlas y corregirlas: una Constitución con mecanismos de rendición de cuentas, y sobre todo el principio, tantas veces repetido, de que el poder último reside en el pueblo. Benjamín Franklin lo resumió con honestidad cuando dijo que los fundadores habían entregado “una república, si puedes mantenerla”. Esa tarea de mantenerla —de cuidarla, mejorarla y hacerla más justa— no le corresponde solo a quienes nacieron aquí. Nos corresponde a todos los que hemos decidido construir nuestra vida bajo sus principios.
Ahí es donde nuestra comunidad tiene un papel que cumplir. Somos la minoría más numerosa del país, y esa presencia debe traducirse en participación real: en las aulas, en las universidades, en el liderazgo parroquial y comunitario, en la vida pública. El bilingüismo y la doble raíz cultural que muchos de nuestros lectores llevan con orgullo no son un obstáculo para la integración, sino una ventaja para contribuir con más plenitud a esta sociedad. Desde 1977, El Pregonero ha acompañado a los inmigrantes de esta arquidiócesis precisamente en ese camino: ayudándolos a construir una nueva vida sin renunciar a su fe ni a su identidad, y alentándolos a tomar en sus propias manos las riendas de su destino.
La Iglesia católica, por su parte, ofrece un marco que resuena profundamente con los ideales fundacionales de esta nación: la dignidad inherente de cada persona, la vocación a la colaboración y al compromiso comunitario, y la certeza de que ninguna vida humana nace para servir a otra sino para ser servida en su dignidad. En ese sentido, celebrar los 250 años de la Declaración de Independencia no es un ejercicio de nostalgia ni una fiesta ajena: es reconocer que los mismos principios que fundaron esta república —la igualdad, la libertad responsable, el gobierno del pueblo— son los que hoy nos invitan, como comunidad de fe e inmigrante, a participar activamente en su renovación constante.
Como bien advirtieron los fundadores, el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Pero también lo es la esperanza activa: la convicción de que este experimento sigue abierto, y de que quienes lo abrazamos hoy —con nuestra fe, nuestro trabajo y nuestra participación— somos parte legítima de su historia y de su futuro.
