La Corte Suprema en Washington escuchó el 24 de marzo los argumentos orales en un caso relacionado con la política de rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
La política de "metering" (dosificación, en español) --a veces conocida como "política de devolución"-- es la medida consistente en rechazar, o retrasar, a algunos solicitantes de asilo que llegan a la frontera, bajo el argumento de que solo es posible tramitar un número limitado de solicitudes de asilo en un día determinado. Esta práctica se implementó por primera vez durante la presidencia de Barack Obama y posteriormente se amplió durante el primer mandato de Donald Trump, antes de ser derogada en 2021 por la administración del presidente Joe Biden. La segunda administración de Trump ha intentado restablecer dicha política, la cual no se encuentra actualmente en vigor debido a los desafíos legales en curso.
La reimplementación de la política impediría a los solicitantes de asilo poner un pie en suelo estadounidense, donde la ley federal les permitiría solicitar asilo, lo que, de concederse, les proporcionaría protección frente a la persecución en su país de origen. Otras medidas adoptadas por la segunda administración Trump para restringir el asilo se enfrentan a impugnaciones legales independientes.
Kevin Appleby, investigador principal de políticas y comunicaciones del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y exdirector de políticas migratorias de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, declaró a OSV: "La administración no solo quiere negar a los solicitantes de asilo la entrada a EEUU cerrando la frontera, sino también negarles la oportunidad de solicitar asilo a menos que se encuentren en territorio estadounidense".
"El efecto práctico de estas políticas es la retirada total de la protección de asilo, lo cual constituye una violación tanto de la legislación estadounidense como del derecho internacional", argumentó.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, un grupo que trabaja para aplicar la perspectiva de la doctrina social católica en la política y la práctica de la región fronteriza entre Estados Unidos y México, declaró a OSV: "Durante la última década, hemos sido testigos de un menoscabo casi total del asilo para las personas que huyen de la persecución y el peligro".
"Aunque necesita una reforma real, el asilo fue cuidadosamente diseñado como una medida crítica de protección para atender las necesidades de los refugiados en nuestra frontera, esencial para satisfacer las necesidades de los vulnerables, así como para la salud moral y la credibilidad de nuestro país como nación de inmigrantes", dijo Corbett, calificando el caso como "un indicador de nuestro compromiso tanto con la protección humanitaria como con el liderazgo global de Estados Unidos".
Una cuestión central en el caso es si los solicitantes de asilo que no son ciudadanos deben cruzar literalmente la frontera para solicitar el asilo, o si también se debe permitir solicitarlo a quienes se presentan en la frontera y solicitan la entrada.
Durante las deliberaciones, algunos magistrados cuestionaron si la política incentivaría el cruce irregular de la frontera al exigir a los solicitantes de asilo que cruzaran la frontera en lugar de presentarse en ella, lo que iría en contra de la intención del Congreso.
"¿Por qué el Congreso daría un trato preferencial a alguien que entra ilegalmente en Estados Unidos?", preguntó en un momento dado el magistrado Brett Kavanaugh, cuestionando si se establece una distinción "entre el que entra ilegalmente y la persona que se acerca legalmente y quiere cumplir las normas".
La jueza Ketanji Brown Jackson cuestionó si la política debería devolverse a los tribunales inferiores, ya que actualmente no está en vigor.
"¿Por qué no esperaríamos hasta tener una política real con hechos concretos en el expediente sobre lo que está sucediendo?", preguntó, y agregó: "Simplemente me parece que tenemos muchas hipótesis sobre cómo esta política pudo haber funcionado en el pasado, cómo posiblemente funcionará en el futuro, pero no tenemos una política vigente en este momento sobre la que podamos realmente pronunciarnos".
Pero el asistente del fiscal general, Vivek Suri, argumentó que la política es "una herramienta que (el Departamento de Seguridad Nacional) querrá tener en su caja de herramientas" y que el tribunal no debería dejarla "a la incertidumbre del futuro".
Appleby dijo: "Creo que todas las partes estarían de acuerdo en que el sistema de asilo de EEUU debería ser más eficiente, pero la nación no debería abordar el problema debilitando su compromiso con la protección de los derechos humanos".
La doctrina social católica sobre la inmigración equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a migrar para sustentar sus vidas y las de sus familias; el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración; y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.
Un escrito amicus curiae presentado por la USCCB en apoyo de los migrantes que impugnan la política decía: "La política viola la obligación de cuidar a los refugiados, un principio legal y moral fundamental que recorre casi dos milenios de fe católica, un consenso humanitario internacional y la historia de esta nación".
Se espera una decisión sobre el caso para finales del período de sesiones del tribunal, que suele terminar en junio.
