La propuesta de nuevas normas federales para proteger ríos, arroyos y humedales genera preocupación entre organizaciones ambientalistas, que advierten sobre los posibles efectos en la calidad del agua y la preservación de los ecosistemas.
La preocupación surgió luego de que, el 9 de septiembre, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército publicaran una nueva propuesta para regular las denominadas “aguas de Estados Unidos”, una categoría contemplada en la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) que determina qué cuerpos de agua reciben protección federal y cuáles podrían quedar excluidos de ella.
La iniciativa busca adaptar la regulación al fallo emitido por la Corte Suprema en 2023, en el caso Sackett contra la EPA, que restringió el alcance de la protección federal sobre determinados humedales. Aunque el proceso de revisión continúa y las audiencias públicas concluyeron el pasado 9 de octubre, los cambios propuestos podrían dejar numerosos arroyos y humedales fuera de la jurisdicción federal.
Las organizaciones ambientalistas advierten que una menor cobertura federal podría debilitar las salvaguardas contra la contaminación, especialmente en aquellos estados cuyas regulaciones propias son menos estrictas. La Ley de Agua Limpia ejerce autoridad regulatoria sobre alrededor de 200.000 fuentes puntuales de contaminación, entre ellas instalaciones de tratamiento de aguas residuales, fábricas de papel, refinerías de petróleo, granjas porcinas y determinados sitios de construcción.
La importancia de estos cambios radica también en las funciones esenciales que cumplen los humedales. Estos ecosistemas almacenan agua, retienen sedimentos, contribuyen a amortiguar las inundaciones y albergan una amplia biodiversidad. Su degradación puede afectar otras áreas de las cuencas hidrográficas y aumentar los costos del tratamiento del agua, con consecuencias para las comunidades y el medioambiente.
Cuidar el agua, proteger la vida
En octubre, Jim Murphy, director de defensa legal de National Wildlife Federation, manifestó su preocupación por la propuesta de la EPA, advirtiendo que la medida podría limitar la capacidad de los estados y de las comunidades indígenas para garantizar que los proyectos federales aprobados no representen una amenaza para la vida silvestre ni para el acceso de las personas a agua limpia y segura.
“Esta propuesta socava los derechos de los estados y las comunidades nativas americanas, poniendo en riesgo al agua potable. La medida va en contra de las repetidas promesas del gobierno de fortalecer los derechos de los estados, mientras se protege la calidad del agua”, afirmó Murphy.
El papa León XIV recordó en septiembre que el agua es un don de Dios y, al mismo tiempo, un derecho universal, señalando que debe promover una cultura de sobriedad, justicia y responsabilidad: “Señor de la Vida, oramos para dar gracias por el agua, fuente de fecundidad, frescura y esperanza y símbolo de tu gracia y de tu amor que nos renueva por medio del Bautismo”.
El llamado va en sintonía con la encíclica Laudato si’, publicada por el papa Francisco en 2015, en la que se invita a la humanidad a reflexionar sobre la protección de la naturaleza como una responsabilidad ética y social.
Desde esta perspectiva, el cuidado del agua no constituye únicamente una cuestión ambiental, sino también un compromiso con la dignidad humana y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
La dimensión global del problema también quedó reflejada en el informe Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2024, elaborado por el Programa Conjunto de Monitoreo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, y presentado en agosto de 2025, en donde advirtió que 2.100 millones de personas todavía no cuentan con acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura.
Desarrollo vs. Protección ambiental
En Estados Unidos, la discusión sobre las nuevas regulaciones enfrenta dos enfoques en torno a una misma responsabilidad. Por un lado, establecer reglas claras que permitan el desarrollo de proyectos y actividades económicas; por otro, evitar que la reducción de los controles de la Ley de Agua Limpia debilite la protección de recursos indispensables para la vida.
Para las organizaciones ambientalistas y quienes defienden el acceso universal al agua, el desafío consiste en garantizar que las decisiones regulatorias no comprometan la salud de los ecosistemas ni la seguridad hídrica de las comunidades.
El mensaje de la Iglesia refuerza esta preocupación al recordar que el agua no debe entenderse únicamente como un recurso económico, sino como un bien esencial para la vida y un derecho que exige responsabilidad compartida.
Y es que el desafío actual no consiste solamente en definir el alcance de las normas federales, sino en asegurar que el desarrollo avance sin poner en riesgo un recurso del que depende la vida.
