Mientras Estados Unidos enfrenta una creciente necesidad de servicios de cuidado, buena parte de este servicio (de 1,3 a 2 millones) es cubierto por millones de trabajadoras inmigrantes en Estados Unidos. De ellas, el 90.7 % son mujeres y el 22.4 % no son ciudadanas estadounidenses.
El estudio, de la Biblioteca Nacional de Medicina y de The Right to Freedom, evidenció también que el 43,8 % desarrollan su labor en condiciones de informalidad y 9 de cada 10 lo hace sin contratos escritos, hecho que les imposibilita reclamar sus derechos ante abusos como el trabajar por más de 50 horas a la semana (51.4 %) y, en algunos casos, sin el pago de sus salarios.
Entre tanto, la National Domestic Workers Alliance (NDWA) concluyó que el desempleo en las hispanohablantes alcanzó el 14 %, más de tres veces la tasa nacional de marzo de 2026, que el 82 % manifestó haber enfrentado inseguridad alimentaria y que más de la mitad reportó dificultades para cubrir gastos básicos como vivienda y alimentación.
"El componente migratorio no es único. También lo son las condiciones laborales, la desprotección de derechos y las alternativas de quienes han sido víctimas de delitos o de explotación. Cada caso requiere una evaluación individual antes de sacar conclusiones sobre las opciones disponibles", señaló Héctor Quiroga, abogado de inmigración de Quiroga Law Office, PLLC.
Estados como California, Nueva York, Florida, Texas y Nueva Jersey concentran una alta dependencia de trabajadoras domésticas inmigrantes, una creciente demanda de cuidado infantil y atención a adultos mayores, ante un acelerado envejecimiento demográfico. Esta necesidad convive con un marco laboral que dejó al sector excluido de diversas protecciones federales y en condiciones de precariedad y vulnerabilidad.
La denuncia laboral no genera automáticamente un beneficio migratorio, pero las víctimas sí podrían reunir requisitos para solicitar alivios como la Visa U, cuando en ciertos delitos se colabore con las autoridades; la Visa T, dirigida a sobrevivientes de trata de personas o trabajo forzado, mientras que familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes podrían obtener otras visas, que dependerán de factores como la forma de ingreso al país, los antecedentes migratorios y circunstancias particulares.
"Es importante documentar cualquier relación laboral: como pagos, comunicaciones, horarios o posibles amenazas, que serán relevantes para la defensa de derechos laborales, para que el abogado determine la existencia de alternativas migratorias. Ninguna persona debería asumir que no tiene opciones sin haber recibido asesoría jurídica", concluyó el abogado Quiroga.
DATOS
- En Estados Unidos, entre 1,3 y 2 millones de inmigrantes trabajan en el servicio doméstico y más del 90 % son mujeres.
- La informalidad de las trabajadoras es del 43,8 % y nueve de cada diez no tienen contrato escrito.
- El reporte a las autoridades migratorias, el no pago de salarios y jornadas excesivas constituyen las mayores amenazas que generan las denuncias más frecuentes.
- Algunas víctimas de delitos podrían tener alternativas migratorias, como las visas U o T, dependiendo de las circunstancias de cada caso.
