Detrás de la industria del oro, el litio, el cobre y otros metales utilizados incluso para la fabricación de tecnología verde, se teje una realidad compleja que, a menudo, provoca un alto costo socioambiental en las comunidades vulnerables donde se realiza la extracción. En el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, diversos activistas reflexionan sobre la realidad que enfrentan principalmente en América Latina; instan a reducir el suministro primario y, sobre todo, piden que se respeten los derechos humanos.
Contaminación de los recursos naturales, casos de violencia y procesos judiciales contra quienes se manifiestan y escaso repartos de los beneficios, con comunidades que siguen en situación de pobreza, son las denuncias más frecuentes en torno a la minería.
Manuel Fontenla, doctor en Ciencias Sociales y docente de la Universidad Nacional de Catamarca de Argentina, describe un ejemplo en el territorio donde es activista: “El proyecto Bajo de la Alumbrera fue uno de los open pit (a cielo abierto) más grandes de América. El discurso del gobierno y las empresas prometía progreso y riqueza para Catamarca, una de las provincias más pobres de Argentina. Sin embargo, 20 años después, la mina está en proceso de cierre y Catamarca sigue con el 50 % de su población bajo la línea de pobreza. Los pueblos cercanos, como Vis Vis, han desaparecido por la contaminación de ríos y animales”.
En general, en la zona de Catamarca comenta que hay proyectos mineros o asambleas que resisten, y un mecanismo que a partir de 2016-2017 se repite, que es la represión policial, la judicialización y la persecución de vecinos. “Eso se dio en Fiambalá, en Tinogasta y en Antofagasta, que son los tres lugares donde hay litio, y también se dio en Andalgalá y en Belén, donde hay megaminería a cielo abierto de oro y cobre”.
La percepción de Fontenla sobre lo que ocurre en los países vecinos es que: “es similar en cuanto al funcionamiento de los gobiernos y las metodologías de las empresas para comprar voluntades, extorsionar, vender una imagen. Si uno estudia Bolivia, Chile y Argentina, en cuanto al litio, parece que es el mismo discurso empresarial, se van renovando, se van pasando la información, hay muchas coincidencias”.
Impacto en las ecorregiones
En el Amazonas, el mayor bosque tropical y uno de los pulmones verdes del planeta, el mercurio -altamente tóxico para la salud- permea el ecosistema por la minería ilegal para la extracción del oro, según el informe de la organización Greenpeace.
El estudio Toxid Gold revela que la minería aurífera ilegal creció un 265% entre 2018 y 2022 en territorio indígena de Brasil, donde se encuentra el 63% del suelo amazónico. Según sus cálculos, esta actividad generó la destrucción de más de 16.000 hectáreas de terreno, una superficie que, para dimensionar su impacto, la organización compara la superficie dañada con 22.500 campos de fútbol.
“Existe suficiente oro en la superficie para cubrir las necesidades tecnológicas, científicas, técnicas, por siglos. Sin embargo, se sigue extrayendo y es la minería más contaminante. Para obtener un gramo de oro, se mueven toneladas de materiales que se convierten en residuos altamente tóxicos. Más del 80% del oro extraído se destina a reservas bancarias o a joyería de lujo, lo cual no es responsable”, expresa Joám Evans Pim, coordinador del área de Minería de la organización Ecologistas en Acción.
La problemática de contaminación también se presenta en el Gran Chaco Americano, la segunda ecorregión boscosa más extensa en el continente. Allí, en el río transnacional Pilcomayo que comparten Bolivia, Paraguay y Argentina, se ha detectado la presencia de metales pesados, con límites que exceden lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los monitoreos de la calidad de agua hechas por la Comisión Trinacional Pilcomayo. De ese cauce beben comunidades ribereñas que viven en aislamiento. En la cuenca alta del río, en Bolivia, se registran cerca de 45 diques de minerías, que en varios casos ha colapsado y el vertido fue a parar al río.
Represión y judicialización
Los registros de represión de protestas y judicializaciones contra representantes de las comunidades que se pronuncian en contra también son frecuentes.
El último mapeo reportado por el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OMLAC) contabiliza 264 casos de criminalización de la protesta y 164 conflictos por el agua en la región.
A nivel mundial, la organización Global Witness informó que entre 2021 y 2023, la minería de litio, níquel, cobalto o cobre estuvo vinculada a 334 eventos de violencia o protesta en 19 países, un promedio de 111 por año.
El informe de Amnistía Internacional "Una receta para criminalizar" señala que se estigmatiza a las personas y comunidades defensoras del agua y la tierra, desacreditando su labor con declaraciones públicas y rumores. Sufren desalojos forzosos y enfrentan procesos penales injustos e infundados por delitos relacionados con su defensa de los derechos humanos, buscando socavar su trabajo.
Sobre los problemas judiciales y debilitamiento de movilizaciones comunitarias, Fontenla presenta otro caso concreto: la megaminería a cielo abierto en Andalgalá, Argentina ha generado una fuerte resistencia local, con protestas y amparos judiciales. Sin embargo, señala que ha sido reprimida violentamente por la policía en 2012, 2019 y 2023, se ha desgastado a las organizaciones con persecuciones y se ha instalado el miedo entre la sociedad civil. Señala además que se ha producido un impacto negativo en la economía local, a pesar de la falta de condenas judiciales.
Los gobiernos y varias mineras, refiere, se protegen mutuamente, violando tanto leyes nacionales como internacionales (Convención sobre los Humedales) y empleando estrategias de manipulación para legitimarse.
“Y si en algún momento vimos que el Estado podía ser una herramienta, aunque sea mínimamente de control democrático, de garantía de derechos, eso también se perdió; hoy en día es un Estado neoliberal de ultraderecha, entregador, extranjerizante, y entonces en ese contexto la lucha se ha hecho sumamente difícil”, expresa el profesional argentino.
“Muchos de estos proyectos que intentan cubrirse con el discurso de la transición energética se dan en comunidades marginadas, que no tienen acceso a luz o a agua potable y que además, al establecerse crean territorios de sacrificio en los que la vida de las comunidades deja de ser viable. Entonces, es absurdo que para la transición energética del norte global se destruyan ecosistemas y se mate a gente literalmente”, declara el coordinador de Ecologistas en Acción.
España
Evans Pim comenta que es “preocupante cómo están llegando a España empresas que tienen historial de vulneraciones de derechos humanos en América Latina, en países como México y Colombia, y que ahora están intentando abrir sus minas aquí, precisamente vistiéndose de héroes climáticos”.
Cita los proyectos de níquel de Agua Blanca en Badajoz y la reapertura de la mina en Aznalcóllar.
Ante la posibilidad de abrir nuevas minas de tierras raras, señala que se debería considerar en España los residuos mineros, que son pasivos ambientales. “Antes de abrir cualquier nueva mina, habría que considerar la posibilidad de procesar estos residuos, sellar esos depósitos. Por un lado, conseguir esos elementos, pero, por otro, garantizar que esos pasivos estén de forma relativamente inocua”.
Alternativas para el consumo responsable
Apostar por los metales secundarios es lo que recomienda Evans. Actualmente el consumo de materias primas, considera, es absolutamente irresponsable ya que prácticamente se recicla una fracción muy pequeña de los metales consumidos.
Remarca que se debe reducir el suministro primario y asegurar no enviar al vertedero, a incineración, o tener en los cajones millones de teléfonos con metales críticos.
“Por mucho que queramos seguir abriendo nuevas minas y explotando en sitios más recónditos, no hay metales en este planeta para saciar este nivel de voracidad. Entonces, necesariamente, la primera R es reducir, y tenemos que reducir la demanda”, concluye.
