Entre las declaraciones y comunicados publicados por la Casa Blanca en enero se encontraba un artículo titulado: "Las deportaciones masivas están mejorando la calidad de vida de los estadounidenses". Argumentaba que las deportaciones masivas equivalen a menores costos de vivienda, salarios más altos, más puestos de trabajo y menos delincuencia. Se trata de una valoración sorprendente, una afirmación audaz declarada en medio de los disturbios generalizados y los enfrentamientos violentos que rodean las medidas de control de la inmigración impulsadas por la Administración Trump en todo el país.
Tras casi un año de deportaciones cada vez más intensas, que según las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, siglas en inglés) afectan a casi tres millones de personas --la afirmación se basa en 2,2 millones de auto deportaciones y 675.000 deportaciones--, ¿están los ciudadanos estadounidenses, como declara la Casa Blanca, realmente mejor según los datos?
Los indicadores económicos regionales comienzan a apuntar a una conclusión diferente.
El 9 de febrero, The Wall Street Journal informó que en el valle del Río Grande, en Texas, "las asociaciones comerciales están dando la voz de alarma sobre las agresivas medidas de control de la inmigración, que están causando estragos económicos. Los retrasos en la construcción amenazan con un aumento de los precios para los compradores y una reducción de los márgenes para los constructores. Algunos constructores afirman que solo esperan recuperar la inversión en los proyectos retrasados. Los proveedores de materiales están despidiendo a empleados. Una empresa local de concreto se ha acogido a la protección por bancarrota, alegando como motivo la caída de las ventas debido a las redadas de inmigración".
The Guardian informó a sus lectores el 10 de febrero que en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, Minnesota, "los barrios bulliciosos se han convertido en ciudades fantasma. Algunas pequeñas empresas han cerrado temporalmente sin señales de reapertura. Las empresas que permanecen abiertas mantienen sus puertas cerradas con llave para evitar que los agentes (del ICE) entren sin una orden judicial. Muchos restaurantes solo ofrecen comida para llevar".
Un portavoz del DHS afirmó que no existe ninguna correlación entre las medidas de control de la inmigración y los problemas empresariales.
¿Y los datos positivos citados por la Casa Blanca?
"Como cualquier experto en estadística le dirá, correlación y causalidad no son lo mismo", observó David Spicer, director de política y compromiso de la Secretaría de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, siglas en inglés).
"Es fácil tomar dos datos distintos y argumentar que están interconectados de alguna manera, pero siempre hay que realizar un análisis más profundo antes de sacar conclusiones", explicó. "Y, por supuesto, cuando se trata de inmigración, siempre hay muchos matices y complejidades, por mucho que los actores políticos intenten reducir el tema a unos pocos puntos claves".
Spicer no fue el único en evaluar los datos de la Casa Blanca.
"No explican cómo la expulsión de inmigrantes ha logrado este resultado", afirmó J. Kevin Appleby, investigador principal de política y comunicaciones del Centro de Estudios Migratorios, una organización no partidista con sede en la ciudad de Nueva York.
"Simplemente presentan ciertas estadísticas basadas en determinadas ciudades y llegan a la conclusión de que, como hemos deportado a un cierto número de inmigrantes, estos indicadores económicos están mejorando", añadió. "Y no hay pruebas que respalden esa conclusión".
Stan Veuger, investigador principal del "American Enterprise Institute", un centro de estudios de centro-derecha con sede en Washington, se mostró de acuerdo.
"Una forma de saber que la calidad de vida de las personas no ha mejorado... es la respuesta negativa masiva de las comunidades en las que se detiene, arresta y deporta a personas", dijo Veuger. "Creo que es un indicador bastante claro".
Se han organizado protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, siglas en inglés) en al menos 40 ciudades estadounidenses, entre ellas Chicago, Denver, Nueva York, Los Ángeles y Minneapolis, donde dos manifestantes fueron asesinados a tiros por agentes del ICE en incidentes separados.
El "Manhattan Institute", un grupo de expertos conservador con sede en Nueva York, fundado en 1978, se negó a hacer comentarios. El grupo elaboró un informe en 2025 en el que argumentaba que el Gobierno ahorraría miles de millones mediante la deportación masiva de inmigrantes que no se encontraban legalmente en Estados Unidos, pero sus proyecciones mostraban que la economía estadounidense sufriría un importante impacto económico a corto plazo que solo remitiría después de 30 años. Su escenario de deportación masiva de 10 millones de inmigrantes predecía que Estados Unidos sufriría una pérdida de casi 1,5 billones de dólares en el producto interior bruto (PIB) del país, lo que supondría una reducción del 1,5% de su producción económica. Aunque el Gobierno ahorraría 633.000 millones de dólares en gastos, la deuda nacional de Estados Unidos, como porcentaje del PIB, aumentaría un 2%.
Numerosos obispos estadounidenses han manifestado, tanto de forma colectiva como individual, su preocupación por la naturaleza de las medidas de control de la inmigración que se están aplicando y por la deportación masiva.
Una nueva encuesta publicada el 9 de febrero por el Centro de Investigación Pew señaló que la aprobación de la agenda de Trump ha disminuido entre la mayoría de los grupos religiosos en comparación con hace un año. Entre los católicos, la encuesta reveló que el 46% de los católicos blancos dijeron que apoyaban todas o la mayoría de las políticas de Trump, comparado al 51% que dijo lo mismo en febrero de 2025. Entre los católicos hispanos, solo el 18% dijo que apoyaba todas o la mayoría de las políticas de Trump, comparado al 20% del año anterior.
La Casa Blanca sostiene que "a través de las deportaciones masivas, la Administración Trump está liberando recursos, revitalizando las oportunidades y restaurando la seguridad".
Sin embargo, Spicer, Appleby y Veuger afirmaron que las estadísticas de la Administración no respaldan necesariamente esa conclusión.
En cuanto a la reducción de los costos de la vivienda, Spicer afirmó: "No hay datos fiables que apunten a la inmigración, indocumentada o de otro tipo, como la causa principal de la crisis de accesibilidad a la vivienda en nuestro país".
Aunque la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces (NAR, por sus siglas en inglés) elogió la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero que reta el dominio de los inversores institucionales y su papel en el mercado de la vivienda unifamiliar, la declaración de la NAR del 22 de enero no mencionó la inmigración en relación con los costos o la disponibilidad.
"En un sentido amplio, la política de inmigración ejerce una ligera presión a la baja sobre la vivienda", afirmó Veuger, "lo que se debe simplemente a que las cifras netas de migración son mucho más bajas que en los últimos años. Pero eso se debe principalmente a una reducción de las entradas, y no tanto a un aumento de las deportaciones".
Las estadísticas de la Casa Blanca tampoco parecen reflejar un aumento de los salarios y de los puestos de trabajo.
"Quizás el indicador más revelador sea la tasa de desempleo", sugirió Veuger, "que ha aumentado entre las personas de origen estadounidenses. Eso no es lo que cabría esperar si el mercado laboral se hubiera reforzado para ellos".
El 11 de enero, la revista Forbes informó: "Los datos del Gobierno muestran que las políticas de inmigración de la Administración Trump, que reducen el número de trabajadores nacidos en el extranjero, no ayudaron a los trabajadores nacidos en Estados Unidos en 2025".
Spicer dijo que eso no es de sorprender.
"La gran mayoría de los estudios realizados en las últimas décadas... han encontrado muy poco o ningún impacto adverso en los salarios del trabajador estadounidense promedio como resultado de la inmigración", explicó. "Por otro lado, nuestras actuales cadenas de suministro de alimentos y otras industrias importantes dependen en gran medida de la mano de obra de los inmigrantes".
El 27 de enero, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó datos que indicaban que la población estadounidense creció a una de las tasas más lentas de su historia entre el 30 de junio de 2024 y el 1 de julio de 2025, con una caída de las cifras de inmigración de más del 50% con respecto al año anterior.
"Lo que puede haber es un impacto a corto plazo en sectores específicos", dijo Veuger. "(La Casa Blanca) destaca a los camioneros y la construcción. Creo que las pruebas empíricas que presentan son extremadamente débiles: es un enlace a un artículo de periódico en el que preguntan a una persona, pero no es un estudio econométrico de los salarios".
El 31 de octubre de 2025, el sitio web del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis publicó un artículo en el que se señalaba: "Los salarios reales promedio en 2025 están creciendo a casi la mitad de la tasa de 2023 y 2024 (un crecimiento 1,7 veces más lento). Esto es más pronunciado en el caso de los trabajadores con salarios bajos (2,5 veces más lento), que podría esperarse que sean los que más se beneficien de tener menos competencia de trabajadores sin documentos".
"Ha habido un modesto crecimiento del empleo", señaló Appleby, "pero no hasta el punto de que hayamos visto un auge. No se puede atribuir eso a la expulsión de los trabajadores nacidos en el extranjero".
"Los inmigrantes ocupan muchos puestos de trabajo que los estadounidenses no quieren o no realizan de alguna manera. Y expulsarlos, en general, perjudica a la economía; no ayuda", explicó. "Si se expulsa a los trabajadores agrícolas, a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores del sector hotelero, el costo de la mano de obra aumentará. Por lo tanto, los precios subirán".
Las afirmaciones generales que vinculan las deportaciones masivas con la reducción de la delincuencia también merecen cautela, dijo Spicer.
"Hay inmigrantes que han cometido o tienen la intención de cometer delitos en nuestro país, y deben enfrentarse a la justicia según la ley", dijo. "Sin embargo, cuando la gran mayoría de los inmigrantes son miembros respetables de nuestras comunidades y, según las estadísticas, cometen delitos en menor proporción que las personas nacidas en el país, extrapolar datos aislados para sacar conclusiones a nivel nacional puede convertirse fácilmente en la base de una discriminación injusta y de decisiones políticas perjudiciales".
Un estudio de 2024 financiado por el Instituto Nacional de Justicia, la agencia de investigación, desarrollo y evaluación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, examinó los datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas para estimar el índice de arrestos de inmigrantes indocumentados. El estudio reveló que estos inmigrantes son arrestados a una tasa inferior a la mitad de la tasa de los ciudadanos estadounidenses nativos por delitos violentos y relacionados con drogas, y a una cuarta parte de la tasa de los ciudadanos nativos por delitos contra la propiedad.
Veuger afirmó que la delincuencia ha ido disminuyendo desde que se produjo el repunte durante la primera administración Trump, y que la declaración de la Casa Blanca establece conexiones injustificadas.
"Concretamente, dicen que en Washington DC los homicidios han descendido un 60%", comentó. "Es cierto, pero, por supuesto, no tiene nada que ver con las deportaciones ni con la política de inmigración en general. En Washington DC, más del 90% de los homicidios son cometidos por afroamericanos nativos y las víctimas también lo son. Simplemente no hay ninguna relación con la política de inmigración".
En un comunicado de prensa del 22 de enero, el Consejo Independiente de Justicia Penal declaró: "Si bien la trayectoria descendente de la delincuencia es evidente, las razones que la explican son menos claras. Los investigadores y los profesionales han señalado una serie de posibles factores que contribuyen a ello, entre ellos los cambios en la política y la práctica de la justicia penal, los cambios en las actividades rutinarias y el comportamiento social, las condiciones económicas, el uso de la tecnología y los esfuerzos locales de prevención de la violencia".
Una encuesta publicada a principios de febrero por la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades, que recopila estadísticas de 67 de las 68 fuerzas del orden que respondieron, señala que las principales ciudades de Estados Unidos experimentaron en general un fuerte descenso de los delitos violentos el año pasado.
En última instancia, Appleby cree que será necesario un compromiso político en materia de inmigración.
"Dependemos de la mano de obra indocumentada para mantener el motor económico en marcha. Y aquí hay una gran mentira ya que dependemos en muchos sentidos de todo el sistema de inmigración, de la inmigración indocumentada", subrayó.
"Lo que la Iglesia lleva años diciendo es que no se puede tener todo", añadió Appleby, subrayando que los obispos católicos estadounidenses han pedido una reforma migratoria integral y justa desde antes de la primera administración Trump. "No se puede demonizar a estas personas; no se les puede separar de sus familias; no se les puede expulsar injustamente, pero seguir beneficiándose de su esfuerzo, de sus impuestos y de sus contribuciones económicas".
