Ante el recrudecimiento de las redadas migratorias y el temor constante a ser deportados, cientos de jornaleros han comenzado a abandonar los tradicionales puntos de encuentro laboral del área metropolitana de Washington (DMV) para buscar trabajo en zonas rurales de Virginia y Maryland.
Aquellos que solían congregarse en estacionamientos de tiendas como Home Depot o supermercados hispanos ahora se desplazan hasta pequeñas ciudades ubicadas a dos o tres horas de la capital, en un intento por encontrar empleo con menor riesgo de ser detenidos por agentes de inmigración.
Este desplazamiento forzado no es casual. La intensificación de las medidas migratorias ordenadas por el gobierno federal —incluyendo el aumento de arrestos y deportaciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)— ha obligado a los trabajadores indocumentados a modificar sus rutinas laborales y sus zonas de operación.
A esto se suma una nueva política que contempla multas cercanas a los mil dólares diarios para quienes incumplan intencionalmente una orden de deportación, lo que ha encendido las alarmas entre las comunidades migrantes. El resultado: un éxodo silencioso de trabajadores que buscan sustento lejos del foco de las redadas.
Un largo camino por trabajo seguro
Eliseo M., un jornalero hondureño, ha cambiado su rutina drásticamente. Aunque su jornada empieza a las siete de la mañana, sale de su casa en Virginia tres horas antes para llegar a una ciudad rural cerca del límite con Carolina del Norte, donde realiza trabajos de reparación de techos, pintura y mantenimiento en ranchos de personas jubiladas.
“Las cosas están feas en el DMV. La ‘migra’ está por todos lados, y yo que no tengo papeles, prefiero manejar tres horas, estar lejos de la ciudad y trabajar tranquilo. Aquí trabajo con mis dos hijos. Es cierto que pagan poco, pero ayudamos a muchas personas jubiladas y el riesgo de ser detenidos es menor”, cuenta Eliseo.
Fortunato V., originario de México y ex trabajador de una empresa de construcción en Arlington, también ha optado por trasladarse a zonas rurales del oeste de Virginia, aun cuando eso le implique manejar dos horas y media diariamente.
“Un amigo me habló de trabajos cerca de la carretera 64, rumbo a West Virginia. Fui y vi que muchas casas necesitaban reparación por daños de lluvia. Las compañías de seguros ya habían entregado cheques a los dueños, pero no había quién hiciera el trabajo. Así fue como comencé a tener nuevos clientes”, relata.
Carlos P., salvadoreño residente en Langley Park, ha seguido la misma ruta. “Hoy nos toca resistir esta ola antiinmigrante. Todos saben que los hispanos somos la mano de obra que mueve a Estados Unidos, no entiendo por qué nos quieren deportar. Ahora trabajo en ranchos cerca de la carretera 83, casi llegando a Pensilvania”, dice con resignación.
Mano de obra en riesgo
El impacto de estas políticas migratorias se extiende más allá de la vida de los trabajadores indocumentados. Según el Urban Institute, Estados Unidos enfrenta un déficit de 3.7 millones de viviendas, lo que ha disparado los precios de alquiler y venta a niveles históricos. Sin embargo, si se ejecutan las metas de deportación —estimadas en 3.000 personas por día— el país podría perder hasta 1.8 millones de empleados en la construcción.
Actualmente, el 25.7 por ciento de los trabajadores de ese sector son inmigrantes, y el 14.1 por ciento no cuentan con documentos, según el American Immigration Council. Además, la American Business Immigration Coalition advierte que los inmigrantes representan entre el 25 por ciento y el 50 por ciento de la fuerza laboral en industrias esenciales, y aportan más de 80 mil millones de dólares anuales en impuestos.
La voz moral
Frente a esta situación, la Iglesia Católica ha alzado su voz. El arzobispo Timothy P. Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), denunció recientemente que “la detención masiva y la expulsión de nuestros vecinos, amigos y familiares basándose únicamente en el estatus migratorio, especialmente si se realiza de forma arbitraria o sin el debido proceso, representa una profunda crisis social ante la cual ninguna persona de buena voluntad puede permanecer en silencio”.
Monseñor Broglio agregó que esta situación “dista mucho de la comunión de vida y amor a la que debería aspirar esta nación de inmigrantes”.
Mientras tanto, los jornaleros continúan desplazándose lejos del bullicio de las ciudades, no por elección, sino por necesidad. En silencio, recorren caminos rurales, empuñando herramientas, buscando trabajo, dignidad y una forma de vida libre del miedo.
