Kilmar Ábrego García, el migrante que pasó más de dos meses detenido en El Salvador tras ser deportado por un «error administrativo», permanecerá encarcelado en Tenneessee mientras un tribunal analiza el riesgo de que sea deportado «precipitadamente» si es trasladado a las autoridades migratorias.
Ábrego enfrenta en Tennessee un proceso judicial por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro del país.
El Gobierno de Donald Trump presentó el caso poco después de traer de vuelta al salvadoreño a EEUU, en medio presiones por parte del Judicial para que «facilitara» su regreso.
La jueza Barbara Holmes ordenó la semana pasada su liberación mientras se decidía su caso, alegando que el hombre no presentaba un riesgo para la sociedad y que no existía riesgo de fuga.
Esta decisión, sin embargo, es limitada, ya que Holmes indicó que Ábrego pasaría «probablemente» a custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) una vez sea excarcelado.
Durante una audiencia este miércoles por la tarde en la corte para el distrito medio de Tennessee, en el centro de Nashville, la jueza alargó la detención de Ábrego mientras examina la posibilidad de que el salvadoreño sea deportado rápidamente si pasa a manos de ICE y lo que eso implica para su proceso en EEUU.
Cooperación entre agencias en duda
Los abogados del Departamento de Justicia alegaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es una «agencia independiente» y que no pueden garantizar dónde estará Ábrego una vez pase a su custodia.
«Intentaremos seguir las órdenes de la corte lo más que podamos, pero tenemos limitaciones», indicó uno de los abogados del Gobierno a la magistrada.
El equipo legal de Ábrego, por su parte, cuestionó estos argumentos señalando que sí existe cooperación entre ambas agencias.
La jueza puso una fecha límite hasta este jueves al mediodía para que las partes presenten sus respuestas a esta cuestión.
Durante la audiencia, la segunda desde que volvió a territorio estadounidense, Ábrego estuvo sentado frente a la jueza, en el lado derecho de la corte, con un uniforme carcelario rojo, una gorra negra y usando audífonos de traducción simultánea.
Su esposa, Jennifer González, lo observó desde el primer banco de la sala, rodeada de activistas y familiares.
Audiencia para condiciones de libertad
Holmes había ordenado la liberación de Ábrego hace tres días y la audiencia del miércoles estaba programada como un proceso administrativo para determinar las condiciones de su libertad.
En su orden de la semana pasada, la jueza insistió en que su interés es garantizarle a Ábrego el «debido proceso» amparado por la ley, al igual que la presunción de inocencia.
El Gobierno reveló los cargos contra Ábrego poco después de traerlo de vuelta a EEUU a pesar de haber insistido en que no tenían la potestad para hacerlo.
La acusación lo señala por haber «conspirado» para transportar a migrantes indocumentados desde Texas hacia Maryland y otros estados del país.
Holmes cuestionó la veracidad de lo dicho por los testigos cooperantes, calificándolos de «rumores» y haciendo énfasis en que buscaban beneficios migratorios o reducciones de condena a cambio de su cooperación.
El caso pone en tela de juicio la imagen que el Gobierno de Trump ha estado presentando de Ábrego como un criminal violento y peligroso, al igual que representa un ejemplo más de los roces entre el aparato judicial y las autoridades migratorias, encargadas de ejecutar la política de «deportaciones masivas» del presidente.
Esta mañana, en declaraciones a reporteros previas a la audiencia, González transmitió a su esposo un mensaje de «fortaleza» ante lo que ha sido, a su juicio, el periodo más difícil que han atravesado como familia.
«Hemos tenido que defenderlo y luchar por su liberación. Kilmar se ha perdido cumpleaños, graduaciones y días del padre. Hoy se pierde nuestro aniversario de bodas», dijo.
Campaña mediática contra el salvadoreño
Ábrego García residía en Maryland desde hace más de una década y huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
Su caso consiguió notoriedad entre los opositores al Gobierno de Trump y grupos en defensa de los derechos humanos y se convirtió en un ejemplo de los «abusos» por parte de la Administración republicana a migrantes en medio de su campaña de deportaciones masivas.
En respuesta, el Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado -hasta entonces- de delitos en Estados Unidos.
El salvadoreño formó parte de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador sin posibilidad de apelar ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».
