Los datos que muestran que la mayoría de las personas detenidas por motivos de inmigración no tienen antecedentes penales por delitos violentos ponen de relieve las continuas preocupaciones expresadas por los obispos católicos de EEUU sobre la campaña de represión migratoria del Gobierno de Trump, afirmó un funcionario de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).
CBS News informó el 9 de febrero que "menos del 14% de los casi 400.000 inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer año del presidente Trump en la Casa Blanca tenían cargos o condenas por delitos violentos".
El medio de comunicación citó un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional al que había tenido acceso, que mostraba que casi el 40% de los detenidos carecían de antecedentes penales y estaban acusados de delitos civiles de inmigración, como estar en Estados Unidos sin autorización legal o haber excedido el plazo de estancia de su visa, que suelen juzgarse en procedimientos civiles.
El documento interno, que coincide con los datos recopilados por la Universidad de Syracuse, contrasta fuertemente con las afirmaciones de la administración Trump de que sus operaciones de detención de inmigrantes tienen como objetivo a los delincuentes violentos.
"Los datos que estamos viendo en relación con la demografía de las personas arrestadas, detenidas y deportadas, junto con el impacto real que estas estadísticas tienen en la vida de las personas, subrayan precisamente por qué los obispos estadounidenses, en su mensaje especial del pasado mes de noviembre, expresaron su oposición a 'las deportaciones masivas e indiscriminadas'", declaró a OSV News David Spicer, director de políticas y compromiso de la Secretaría de Migración de USCCB.
"La gran mayoría de los estadounidenses, incluidos los propios obispos, apoyan las medidas de control de la inmigración que dan prioridad a aquellas personas que se encuentran en nuestro país y que suponen una amenaza real para la seguridad nacional o la seguridad pública", explicó Spicer.
Sin embargo, añadió, "un enfoque radical y, en ocasiones, punitivo de la aplicación de la ley --que parece estar impulsado por cuotas numéricas-- conduce, como han dicho los obispos, a un entorno que 'socava el ya limitado proceso legal que se ofrece a los no ciudadanos, amenaza la unidad familiar y fomenta la discriminación'".
La doctrina social católica sobre la inmigración equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para mantener su vida y la de sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración, y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.
"Respetar la dignidad humana y defender el estado de derecho no son incompatibles", subrayó Spicer.
También señaló que Estados Unidos está "luchando contra las consecuencias de un sistema de inmigración lamentablemente inadecuado que necesita urgentemente una reforma significativa". Y añadió, "Sin ella, seguiremos viendo resultados que son incompatibles con los valores fundamentales estadounidenses".
Spicer citó la encíclica de San Juan Pablo II de 1995, "Evangelium Vitae" ("El Evangelio de la Vida"), diciendo que una sociedad no puede tener bases sólidas si "mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz-- se contradice radicalmente aceptando o tolerando las formas más diversas de desprecio y violación de la vida humana sobre todo si es débil y marginada".
Y, dijo Spicer, "como católicos guiados por el Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia, nos quedamos con la pregunta: ¿El enfoque actual hacia la inmigración y los inmigrantes promueve el bien común? ¿Promueve la vida y la dignidad humanas, especialmente en lo que respecta a los más pobres y vulnerables entre nosotros? ¿Fortalece a las familias y las comunidades?".
"Si nuestra respuesta a cualquiera de estas preguntas es ‘no’, entonces nuestra fe nos llama a trabajar por algo mejor, y a reflejarlo en nuestras palabras y acciones", afirmó.
