Veinte obispos católicos estadounidenses se han sumado a una iniciativa interreligiosa en contra del Gran y Hermoso Proyecto de Ley (One Big Beautiful Bill Act), que promulgaría disposiciones clave de la agenda legislativa del presidente Donald Trump en materia de impuestos e inmigración, calificándola de "fracaso moral".
El Senado está redactando su versión de la ley presupuestaria que los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron en mayo, bajo unas normas que permitirían su aprobación por mayoría simple y evitarían el obstruccionismo parlamentario. Trump ha pedido al Senado que apruebe el proyecto de ley no más tarde del 4 de julio.
Una carta de más de 40 líderes de varias corrientes religiosas, promulgada por el arzobispo John C. Wester de Santa Fe, Nuevo México, el 26 de junio, instaba a los senadores a rechazar el proyecto de ley.
"Nosotros, los líderes religiosos abajo firmantes, les escribimos para pedirles que se opongan a la HR 1, la ley de reconciliación presupuestaria que está siendo estudiada actualmente por el Senado de los Estados Unidos", decía la carta. "Creemos que los cambios introducidos por el Senado de los Estados Unidos en la ley son insuficientes y no mitigan significativamente sus efectos adversos".
El arzobispo Wester, al que se unieron 19 obispos estadounidenses para firmar la carta, declaró a OSV News que pensaban que sería "una buena idea que los líderes religiosos se unieran para expresar nuestra profunda preocupación por este proyecto de ley, porque va a perjudicar y dañar a mucha gente, en particular a los inmigrantes y las familias y a aquellos que dependen de la ayuda del Gobierno para sus necesidades médicas".
"Esta (legislación) viola realmente nuestra doctrina social católica en lo que se refiere a la opción preferencial por los pobres, la acogida al extranjero en medio de nosotros, el bien común y la subsidiariedad", afirmó. "Es un proyecto de ley muy draconiano que parece tener poca o ninguna consideración por las personas que se verán afectadas por él".
La carta manifestó oposición a la asignación de millones de dólares a la campaña de deportación masiva del Gobierno y expresó su preocupación por que dicha campaña también pudiera afectar a sus lugares de culto.
"Ya hemos sido testigos de una reducción en la asistencia a muchos de nuestros servicios religiosos en nuestras denominaciones religiosas, ya que la amenaza de la aplicación de la ley ha disuadido a muchas familias de practicar su fe", decía la carta.
También se opone a "los severos recortes en la cobertura de cuidado de salud y la ayuda alimentaria a millones de ciudadanos y residentes legales con bajos ingresos, incluyendo a los solicitantes de asilo y los refugiados". Argumenta que esos recortes los empujarían "a una pobreza aún mayor".
"Desde nuestras diversas perspectivas religiosas, la prueba moral de una nación es cómo trata a los más necesitados. En nuestra opinión, esta legislación perjudicará a los pobres y vulnerables de nuestra nación, en detrimento del bien común", decía la carta. "Su aprobación sería un fracaso moral para la sociedad estadounidense en su conjunto".
Entre los obispos que lideran diócesis que se unieron al arzobispo Wester se encontraban: el cardenal Robert W. McElroy, de Washington; el cardenal Joseph W. Tobin, de Newark, Nueva Jersey; el obispo Steven Biegler, de Cheyenne, Wyoming; el obispo John P. Dolan, de Phoenix; el arzobispo Paul D. Etienne, de Seattle; el obispo Joseph R. Kopacz, de Jackson, Misisipi; el obispo Michael M. Pham, de San Diego; el arzobispo Mitchell T. Rozanski, de San Luis; el obispo Jaime Soto, de Sacramento, California; el obispo John Stowe, de Lexington, Kentucky; el obispo Joseph J. Tyson, de Yakima, Washington; y el arzobispo Edward J. Weisenberger, de Detroit. El obispo emérito Nicholas DiMarzio, de Brooklyn, Nueva York, varios otros obispos auxiliares y representantes de las Hermanas de la Misericordia de las Américas completaron la lista de firmantes católicos de esa carta, que también incluyó a representantes de las tradiciones religiosas protestante, judía e islámica.
La diversidad de los firmantes, dijo el arzobispo Wester a OSV News, "refleja muy bien la profunda preocupación de tantas personas en todo el país por los inmigrantes y por nuestros conciudadanos que sufrirán a causa de este proyecto de ley".
En otra carta publicada el mismo día a través de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), la conferencia elogió a los senadores por "las disposiciones que promueven la dignidad de la vida humana y apoyan la elección de los padres en materia de educación" en esa misma legislación. Pero también dejó claro que se necesitan "cambios drásticos" en la legislación para evitar "disposiciones que perjudicarán a los pobres y vulnerables".
En una declaración, el arzobispo Timothy P. Broglio, de la Arquidiócesis de los Servicios Militares de Estados Unidos y presidente de la USCCB, afirmó: "El Congreso debe ser coherente en la protección de la vida y la dignidad humanas".
"Como afirmó recientemente el Papa León XIV, es responsabilidad de los políticos promover y proteger el bien común, lo que incluye trabajar para superar la gran desigualdad económica", afirmó el arzobispo Broglio. "Este proyecto de ley no responde a ese llamado. Quita a los pobres para dar a los ricos. Ofrece exenciones fiscales a algunos mientras socava la red de seguridad social para otros mediante importantes recortes en la asistencia nutricional y Medicaid. No protege a las familias ni a los niños al promover un enfoque de la inmigración basado únicamente en la aplicación de la ley y erosionar el acceso a la protección legal. Perjudica a la creación de Dios y a las generaciones futuras mediante recortes en los incentivos a las energías limpias y en los programas medioambientales".
Citando la carta que la conferencia envió a los senadores, el arzobispo Broglio dijo que les instó a "pensar y actuar con valentía y creatividad para proteger la dignidad humana de todos, defender el bien común y cambiar las disposiciones que socavan estos valores fundamentales".
La carta de la conferencia episcopal apoya las disposiciones que retirarían algunos fondos de los contribuyentes a Planned Parenthood, una disposición que promueve la libre elección de escuela y otra que, según ellos, incentivaría las donaciones benéficas y el desarrollo.
Sin embargo, se opusieron a los recortes de Medicaid y SNAP, a los recortes en las iniciativas medioambientales y al aumento de los fondos para políticas de inmigración "represivas".
"Les instamos a que sigan siendo coherentes en la protección de la vida y la dignidad humana, buscando una mejor manera de avanzar que proteja, en lugar de perjudicar, a las personas pobres y vulnerables", según la carta. "Antes de sacar adelante este proyecto de ley, les pedimos que piensen y actúen con valentía y creatividad para preservar la dignidad humana y defender el bien común, y que modifiquen las disposiciones que socavan estos valores fundamentales".
Cuando se le preguntó por la carta de la USCCB a los senadores, el arzobispo Wester dijo que estaba "satisfecho de que la USCCB hubiera incluido en su carta sus objeciones al proyecto de ley".
"Creo que fue algo positivo desde mi punto de vista", afirmó, y añadió que su opinión personal, y la de los firmantes de la carta interreligiosa, es que "este proyecto de ley es tan terrible que debe ser rechazado de plano".
Mientras tanto, varios grupos provida están instando a los senadores a que aprueben el proyecto de ley basándose en la disposición que retiraría algunos fondos a Planned Parenthood. Aunque Planned Parenthood ha advertido de que la decisión podría provocar el cierre de 200 de sus 600 clínicas en todo el país, no está claro cuántas vidas se salvarían del aborto como resultado.
Un informe de #WeCount publicado en junio muestra que el aborto en Estados Unidos efectivamente ha aumentado tras la decisión del caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, en parte debido al aumento de los abortos facilitados por los proveedores de abortos a distancia.
Cuando se le preguntó cómo respondería a quienes apoyan la One Big Beautiful Bill Act debido a esa disposición, el arzobispo Wester dijo que el aborto es "un terrible flagelo". Pero enfatizó que si más personas se ven "empujadas a una pobreza aún mayor", es probable que la tasa de abortos aumente aún más.
"Sabemos que existe una correlación directa entre la pobreza y los abortos", dijo el arzobispo Wester. "En mi opinión, este proyecto de ley probablemente aumentará la brecha".
El aborto en Estados Unidos está fuertemente correlacionado con la pobreza y los bajos ingresos. El Instituto Guttmacher, que apoya el aborto legal, informó que el 75% de las mujeres que buscan abortar son de bajos ingresos y el 50% estaban por debajo del umbral federal de pobreza. Aproximadamente seis de cada diez mujeres que solicitan un aborto ya son madres. Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran no poder permitirse tener otro hijo, perder la capacidad de trabajar o continuar con la educación, o tener que cuidar de personas dependientes u otras responsabilidades familiares.
Los republicanos ocupan 53 escaños en el Senado y solo pueden permitirse tres deserciones de sus miembros si quieren aprobar el proyecto de ley sin el apoyo de los demócratas.
