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Ocho paises de América Latina en zona de máximo riesgo ante el cambio climático

Agricultor revisa el mal estado de sus cultivos debido a la sequía en Guatemala. EFE/Esteban Biba/ARCHIVO

Latinoamérica se posiciona como la segunda zona más vulnerable del mundo ante los eventos climáticos extremos con ocho países en la zona de máximo riesgo (Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.) , según el índice elaborado por la Escuela del Clima de la Universidad de Columbia, con el apoyo de la Fundación Rockefeller.

El estudio analiza a 188 países de todo el mundo y cruza dos dimensiones fundamentales: el grado de exposición a múltiples amenazas naturales y sociales, y la capacidad de acceder a recursos financieros para anticiparse, responder y recuperarse ante estos riesgos. El resultado: 65 naciones identificadas en situación de “máximo riesgo”, donde más de 2.000 millones de personas viven con una alta exposición al peligro y un acceso limitado al financiamiento climático.

El trabajo advierte sobre la alarmante vulnerabilidad de América Latina y el Caribe frente a fenómenos como huracanes, sequías, inundaciones y terremotos.

El Indice de Vulnerabilidad al Financiamiento Climático (CliF, por sus siglas en inglés) sitúa a la región como la segunda más expuesta del planeta —solo superada por África— y coloca a ocho países latinoamericanos dentro de la “Zona Roja” de riesgo máximo: Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.

El estudio analiza cuatro escenarios futuros -optimistas y pesimistas para 2050 y 2080-, evaluando su exposición a amenazas como ciclones, sequías, inundaciones, terremotos o conflictos, y cruzándola con su capacidad de acceso a financiamiento para prevenir, responder o recuperarse de desastres.

De los 65 países incluidos en la “Zona Roja”, 47 se mantienen en esa categoría en todos los escenarios. Más de 2.000 millones de personas viven actualmente en estos territorios de alto riesgo.

“El cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una crisis actual que exacerba la deuda, reduce el acceso a capital y atrapa a muchas naciones en un ciclo interminable de respuesta y recuperación, sin posibilidad real de adaptación”, señaló Jeff Schlegelmilch, director del Centro Nacional de Preparación para Desastres de Columbia. “Este índice busca llenar un vacío: los criterios tradicionales, como el PIB per cápita, ya no bastan para entender los riesgos actuales”.

América Latina y el Caribe albergan a más de 105 millones de personas en países considerados en riesgo extremo. El informe destaca que siete de las ocho naciones latinoamericanas de la “Zona Roja” figuran en los cuatro escenarios, lo que demuestra una vulnerabilidad estructural que combina factores geográficos, económicos y sociales.

Necesidades financieras

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región necesitará entre 470 mil millones y 1,3 billones de dólares para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Sin embargo, los altos costes del endeudamiento y las trabas para acceder a financiamiento internacional dificultan avanzar en adaptación y resiliencia.

“El índice CliF ofrece una herramienta concreta para tomar decisiones de inversión más inteligentes y justas”, declaró Lyana Latorre, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Fundación Rockefeller. “Los donantes y actores financieros necesitan instrumentos basados en datos para priorizar dónde y cómo actuar”.

El impacto global del cambio climático podría ser devastador: el Foro Económico Mundial advierte de la posibilidad de más de 14,5 millones de muertes y pérdidas económicas por valor de 12,5 billones de dólares en 2050. A su vez, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que el déficit anual de financiación para la adaptación supera ya los 387.000 millones de dólares.

El índice permite explorar el riesgo climático en función de distintos niveles de emisiones, crecimiento poblacional y cooperación internacional. Además de América Latina y el Caribe, África subsahariana destaca como la región más afectada, con 43 países en la Zona Roja y una población combinada cercana a los 1.200 millones. Algunos de los países africanos con mayor vulnerabilidad son Sudán del Sur, Eritrea, Malawi y Zambia.

Asia Pacífico

En Asia-Pacífico, Bangladesh, Kiribati, Myanmar, Nepal, Pakistán y Sri Lanka también figuran entre los países con mayor exposición y menor acceso al financiamiento. Por su parte, solo dos naciones europeas —Ucrania y Chipre— aparecen en la categoría de mayor riesgo, reflejando la desigual distribución global del impacto climático.

Por el contrario, los países con mayor capacidad de respuesta —según el índice— incluyen a Dinamarca, Noruega, Japón, Estados Unidos y Suiza, la mayoría miembros de la OCDE y con estructuras financieras más sólidas.

“El objetivo es claro: cerrar la brecha entre análisis de riesgo y acción financiera. No se trata solo de identificar quién está en peligro, sino de asegurarse de que los recursos lleguen a tiempo y con impacto”, enfatizó Eric Pelofsky, vicepresidente de Recuperación Económica Global de la Fundación Rockefeller.

Para organizaciones como la Fundación Africana para el Clima, el índice representa un avance en la forma en que se entiende el financiamiento climático: “Al vincular riesgo climático con riesgo fiscal, esta herramienta apoya medidas de alivio más efectivas y necesarias”, subrayó su director ejecutivo, Saliem Fakir.

El índice CliF fue desarrollado por un equipo interdisciplinario de la Escuela del Clima de Columbia, el Centro Nacional para la Preparación ante Desastres y el Centro de Política Energética Global de Columbia SIPA. Integra información sobre sostenibilidad de la deuda, gobernanza y sofisticación financiera para ofrecer una imagen más completa del riesgo-país ante el cambio climático.

En vísperas de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, que se celebrará la próxima semana, los autores del índice instan a gobiernos, donantes e instituciones financieras a utilizar esta herramienta para orientar recursos de forma más estratégica y justa.



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