Mientras el Gobierno siembra el miedo, cambia las reglas, aisla a inmigrantes y usa la detención como arma, aumenta la necesidad del servicio legal inmediato y a bajo costo que ofrecen las organizaciones comunitarias a los inmigrantes en todo el país.
Se está utilizando el sistema de detención como un arma, se está arrestando a los extranjeros cuando acuden a las cortes, son trasladados de un circuito legal a otro para aislarlos y realmente el gobierno no va tras “lo peor de lo peor”, dijeron los panelistas de la charla “Ampliando el acceso: escalando los servicios legales de inmigración para las comunidades y la nación”.
La estrategia
Los participantes explicaron que muchos solicitantes de asilo que se presentan en audiencias en corte son puestos bajo custodia y canalizados hacia estos procedimientos de expulsión rápida porque sus casos son desestimados en la Corte.
Se está arrestando “a personas que cumplen con la ley de inmigración, que están siguiendo los procesos regulares”, que no se esconden y acuden a las audiencias correspondientes, pero el gobierno “está cambiando las reglas en medio del juego para que esas personas ya no califiquen”, dijeron los panelistas en una reciente conferencia anual de ley y política de inmigración.
Los expertos dicen que el gobierno “intencionalmente” crea o ubica los centros de detención en áreas remotas y aisladas. Es el arma que están utilizando contra la comunidad inmigrante, dice un portavoz de la organización legal ISLA.
Se está aplicando una estrategia elaborada para sembrar el temor y crear aislamiento. “Los inmigrantes están siendo desplazados de ciudades donde tienen recursos, redes de apoyo social y legal muy fuertes a otros sectores donde están increíblemente aislados”.
Los oradores dijeron que ha aumentado el número de detenidos en los centros de detención en áreas muy remotas.
Homero López, director legal de los servicios de inmigración y defensa legal ISLA, explicó que se están trasladando a personas desde Nueva York, Massachusetts, desde grandes áreas urbanas donde tienen grandes redes legales de apoyo y fácil acceso cuando las personas están detenidas y enviándolas a zonas como Jena y Basile, en Luisiana.
Explicó que en estos sitios muy remotos es bastante difícil establecer contacto, “los abogados tardan de 4 a 5 horas de camino solo para llegar y reunirse con ellos”.
Mover los casos de un circuito a otro -donde la jurisprudencia es mucho más complicada-, “es intencional, es a propósito”, dijo.
“Están siendo procesados tan rápidamente y se les está trasladando tan rápido sin que los abogados puedan acceder a ellos, incluso si tienen un abogado”, explicaron.
Desesperados
Ante los retos que encaran en la actualidad debido a un gobierno que los persigue, con temor, desconocimiento y limitados recursos económicos, los indocumentados están desesperadamente buscando acceso a los servicios legales de inmigración que ofrecen las entidades comunitarias y los centros de ayuda legal pro-bono.
El sistema estadounidense y las leyes de inmigración son complejos y “las estadísticas muestran que demasiados inmigrantes permanecen sin el apoyo legal que necesitan, dejando a las familias vulnerables y socavando los beneficios que la participación plena podría aportar” -según los expertos en el tema.
En esta nueva realidad del sistema migratorio, estos inmigrantes en centros de detención que encaran la expulsión son los que tienen mayor necesidad de las organizaciones comunitarias. Necesitan urgente los servicios de asesoramiento legal a bajo costo.
Luis Guerra es uno de los directores de la red legal Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), que agrupa a más de 400 de estas organizaciones, que ofrecen servicio legal en 48 estados -la mitad son católicas.
Explicó que tienen presupuestos limitados -algunas de las organizaciones operan con solo una persona- y cuentan con voluntarios, trabajadores sociales, gerentes de casos, paralegales y abogados pro-bono.
“Estamos desempeñándonos en tiempos muy retadores, con recursos limitados, salarios por debajo de lo que gana un abogado en la práctica privada y mucho estrés, pero un gran deseo de servir”, dijo.
¿A quién persiguen?
El gobierno argumenta que “van tras lo peor de lo peor, aquellos que se esconden y están en las sombras; pero esa no es la gente a la que están persiguiendo”, dice López. “Están persiguiendo a los niños que tienen solicitudes pendientes o que ya están en el sistema, que ya tienen sus direcciones; también a personas que han pasado por el sistema de libertad condicional, otros que van a la corte de inmigración y son arrestados al salir de sus audiencias. No son personas que se estén escondiendo o tratando de evitar ser detenidas o evitando ser parte del sistema. Es gente que ya está en el sistema”.
Los panelistas dijeron que hay que “cambiar la narrativa”, difundir el lado humano de los inmigrantes, “hacer que el público comprenda de quiénes estamos hablando y cómo estas situaciones están afectando a nuestras comunidades”.
Al hablar de inmigración hay que hablar de las vidas que quedan atrás, dicen, de las familias mixtas, de los cónyuges y los hijos que son estadounidenses, de amas de casas que quedan desamparadas porque el sostén de la familia es deportado.
ICE deporta a los indocumentados y en lo que hay que pensar es ¿qué significa eso para los niños en la escuela? ¿qué significa eso para tu comunidad?
La conferencia fue auspiciada por Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), Migration Policy Institute (MPI) y la escuela de leyes de la Universidad Georgetown. Participaron destacados expertos, legisladores, abogados, activistas, defensores de los inmigrantes y otros profesionales.
