La paraguaya Dora S. llegó a Estados Unidos en el 2007 con visa de novia (K-1) que fue tramitada por su novio Manuel. Ella recibió la autorización para ingresar al país con la condición de contraer nupcias en un plazo máximo de tres meses, lo cual nunca se cumplió debido a inesperados episodios de violencia doméstica provocados por el mal hombre.
El desconocimiento de las leyes llevó a la joven inmigrante a cometer el grave error de quedarse como indocumentada teniendo una visa K-1. Dora se mudó de Los Ángeles a Maryland con la intención de trabajar y empezar una nueva vida. En poco tiempo conoció al salvadoreño David y se casaron un mañana de abril de 2009, pero al poco tiempo el alcohol y las malas juntas del esposo provocaron la ruptura matrimonial.
En 2012 Dora contrajo matrimonio con Joseph W., un ex ingeniero del ejército ansioso por tener una familia, con muchos hijos y vivir en las montañas de West Virginia. Desde esa fecha ambos iniciaron un tortuoso peregrinaje por oficinas de abogados con la esperanza de encontrar una solución migratoria que le permita vivir legamente en el país.
El hecho de haber ingresado con una visa K-1, no haberse casado con el peticionario en tiempo establecido por la ley (2007) y haberse casado dos veces (2009-2012), hacían imposible una solución sin enfrentar las consecuencias legales. Ni su condición de veterano de guerra, de tener tres hijos menores de edad que necesitan de su madre y evidenciar una excelente situación económica, pudieron quebrar las barreras del sistema migratorio. Dora no tuvo otra opción que vivir bajo la sombra de la ilegalidad.
Una buena noticia
Pero el 18 de junio, las esperanzas revivieron cuando el presidente Joe Biden anunció un nuevo programa que permitirá regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en el país sin un estatus legal. Hoy eso representa para Dora y su esposo Joseph una “luz al final del túnel”.
“El anuncio presidencial es una buena noticia. Yo estaba resignada a mi suerte y aprendí a vivir con el temor de ser deportada en cualquier momento, pero nunca dejé de pedirle a Dios que hiciera el milagro de cambiar las leyes para poder ser legal. En mi comunidad nadie sabe que soy indocumentada, me tratan muy bien y en ocasiones he tenido que ‘inventar’ relatos de visitas cortas a mi país para no levantar sospechas. Hoy espero que todo cambie para el bien de mi familia y de muchos más”, dijo Dora entre lágrimas de alegría.
Agregó que por no tener sus documentos migratorios en regla estuvo impedida de asistir al entierro de su padre en Asunción. Tampoco pudo ayudar en la recuperación de su madre después de haber estado internada casi dos meses en un hospital de Argentina debido al covid-19.
“Vivir como indocumentada es horrible, es una ‘tortura’ diaria, pues cuando un desconocido toca la puerta de casa o un policía no te quita la mirada al llegar al supermercado, no puedes evitar el miedo a que te detengan por no tener papeles o conducir sin licencia. Voy a rezar todos los días para que mi problema se solucione pronto”, manifestó la inmigrante paraguaya.
Sin embargo, Dora y Joseph esperan con cautela el anuncio de las futuras regulaciones que emitirá el gobierno para solicitar el beneficio del nuevo alivio migratorio.
Detalles importantes
El nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde que la Administración de Barack Obama creó en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha permitido a más de 800.000 migrantes obtener permisos de trabajo y protección frente a la deportación.
Sin embargo, las nuevas políticas tardarán meses en entrar en vigor. El programa se apoya en una figura legal conocida como “parole”, que otorga a quienes ya están en territorio estadounidense protección frente a la deportación y les posibilita aplicar a un permiso de trabajo.
Con este permiso, que tendrá una validez de tres años, los migrantes que entraron al país de manera irregular y están casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la residencia y, eventualmente, la ciudadanía.
Para solicitar este alivio, la persona tiene que haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024 y haber vivido en el país al menos 10 años.
A su vez, los hijos menores de 21 años de quienes están casados con estadounidenses y que tampoco tengan un estatus legal también pueden obtener el permiso.
No obstante, los migrantes que hayan sido deportados de Estados Unidos en el pasado no califican para esta protección.
