Los legisladores del Congreso no lograron aprobar la legislación para financiar el gobierno federal, lo que provocó un cierre del gobierno federal a finales de septiembre. Grupos católicos que sirven a los pobres instaron a los legisladores a poner fin a la paralización.
Un cierre del gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba un presupuesto o si este no es promulgado por el presidente. Algunos servicios gubernamentales esenciales están exentos, incluyendo los pagos del Seguro Social a los adultos mayores. Sin embargo, muchas otras funciones del gobierno se suspenden durante los cierres, como los salarios de los empleados públicos, incluyendo a los miembros de las fuerzas armadas. Cientos de miles de empleados federales están sujetos a licencias sin goce de sueldo, lo que significa que deben dejar de trabajar y no recibirán su salario hasta que el gobierno federal reabra.
Tanto las propuestas republicanas como las demócratas que habrían financiado al gobierno fracasaron en el Senado horas antes de la fecha límite de las 11:59 p.m. del 30 de septiembre, lo que provocó un cierre gubernamental a partir de la medianoche del 1 de octubre.
El cierre del gobierno de Estados Unidos se produce tras el estancamiento en el Senado sobre los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act o ACA).
Republicanos y demócratas se encontraban en un punto muerto sobre el aumento de los subsidios bajo la Affordable Care Act, la ley de salud del expresidente Barack Obama, también conocida como "Obamacare". Los subsidios, o créditos fiscales, son utilizados por hogares de ingresos bajos y medios para reducir sus gastos de bolsillo al inscribirse en el programa. Está a punto de expirar, y los demócratas buscan una extensión.
La organización investigadora de políticas de salud KFF publicó un análisis el 30 de septiembre que muestra que se espera que las primas del mercado de la ACA aumenten un promedio del 114% en 2026 para quienes dependen de subsidios, a menos que estos se extiendan. Se espera que una familia de cuatro personas con un ingreso familiar de $40.000 pague $840 más anualmente, mientras que una familia de cuatro personas con un ingreso familiar de $110.000 pague más de $3.200.
Aproximadamente 24 millones de estadounidenses acceden a la atención médica a través del mercado de la ACA.
Sin embargo, el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance han intentado vincular el problema con la inmigración, alegando que los demócratas buscan financiar la atención médica para quienes se encuentran en Estados Unidos sin estatus legal. Sin embargo, los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para los subsidios, aunque la propuesta de los demócratas habría devuelto parte de la elegibilidad para la atención médica financiada por el gobierno federal a los migrantes autorizados y "legalmente presentes".
Los obispos estadounidenses y las entidades católicas que abogan por las personas pobres y vulnerables en Estados Unidos o trabajan con ellas han hecho sonar la alarma sobre los cierres gubernamentales en general.
Los obispos de EEUU también han enfatizado que la Iglesia Católica, la mayor organización no gubernamental proveedora de atención médica del mundo, enseña que el acceso universal a la atención médica es un derecho arraigado en la dignidad inherente de toda persona humana. En una carta a los legisladores en febrero, el arzobispo metropolitano católico ucraniano Borys Gudziak de Filadelfia, presidente del comité de justicia nacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, afirmó que todo ser humano tiene derecho a "atender las necesidades básicas para vivir, formar una familia y prosperar".
"Es en esta realidad que reconocemos que el derecho a la atención médica es una necesidad fundamental para la preservación de la vida y el desarrollo humano", afirmó, haciendo referencia al recordatorio del Papa Francisco de que "la salud no es un lujo, es para todos".
Chieko Noguchi, portavoz de la conferencia episcopal (USCCB por sus siglas en inglés), declaró a OSV News en una declaración escrita: "Un cierre de gobierno perjudica a las familias y personas que dependen de los servicios federales".
"Esperamos que los legisladores trabajen con ahínco para llegar a un acuerdo bipartidista que ponga fin al cierre gubernamental lo antes posible", afirmó.
Kerry Alys Robinson, presidenta y directora ejecutiva de Caridades Católicas de EE.UU., declaró: "Las repercusiones de este último episodio de partidismo paralizante se sentirán mucho más allá de Washington".
"Los cierres gubernamentales afectan especialmente a los más vulnerables, que viven al día, desde niños y padres con hambre, hasta personas mayores que luchan por comprar medicamentos y alimentos", declaró. "Los programas gubernamentales esenciales que dependen de la tramitación administrativa podrían experimentar retrasos en cascada durante el cierre, interrumpiendo servicios esenciales como la asistencia alimentaria y la vivienda para personas necesitadas".
Aseguró que las agencias de Caridades Católicas continuarán cumpliendo su misión, cubriendo las necesidades en la medida de lo posible, en obediencia al Evangelio. Sin embargo, advirtió: "Si los líderes de ambos partidos no ponen fin a este cierre innecesario lo antes posible, aún más estadounidenses caerán en la pobreza, y la recuperación de este revés podría llevar meses o incluso años".
La hermana Mary Haddad, miembro de las Hermanas de la Misericordia de las Américas y presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Católica de Salud de Estados Unidos, también instó al Congreso a actuar en un comunicado.
"Un cierre de gobierno pone en peligro la salud y la estabilidad de millones de familias, especialmente de quienes viven al día y de las comunidades que dependen de servicios esenciales. Las repercusiones de la inacción se extienden a toda la economía, agravando las dificultades de quienes ya son los más vulnerables", declaró.
La hermana Haddad explicó en su declaración que estaban en juego "programas de salud críticos", entre ellos el acceso a servicios de salud esenciales a través de la telemedicina, hospitales amenazados por los recortes de Medicaid y agobiados por pagos desproporcionados al atender a comunidades marginadas, y los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) de los que dependen millones de familias para pagar sus primas de atención médica.
"Cuando el estancamiento partidista conduce a un cierre, quienes más sufren son los pobres, los enfermos y los marginados, precisamente aquellos a quienes estamos llamados a proteger", declaró. "La inacción, ya sea no financiando al gobierno o permitiendo que caduquen programas de salud críticos, resultará en mayores costos de atención médica, la pérdida de cobertura para millones de personas y una interrupción perjudicial en la prestación de servicios de salud en las comunidades estadounidenses marginadas".
Laurie Carafone, directora ejecutiva de Network, un grupo católico de defensa de la justicia social, pidió un proyecto de ley de financiación bipartidista para proteger la atención médica de quienes corren el riesgo de perderla. Calificó de "irresponsable" al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Louisiana, cancelar el trabajo de la Cámara en lugar de abordar la crisis.
"La atención médica es un derecho humano, y los miembros del Congreso optaron por cerrar el gobierno federal en lugar de proteger la atención médica asequible", declaró en un comunicado el 1 de octubre, y añadió: "Con el inicio de la inscripción a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (como algunas páginas web del gobierno traducen la ACA) en menos de un mes, no hay tiempo que perder".
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca culpó a los demócratas del cierre en sus directrices del 30 de septiembre a las agencias federales, instándolas a iniciar sus procedimientos de cierre.
"No está claro cuánto tiempo los demócratas mantendrán su postura insostenible, lo que dificulta predecir la duración del cierre", decía el memorando. "En cualquier caso, los empleados deben presentarse a trabajar para su próximo turno de trabajo regular para llevar a cabo las actividades del cierre de manera ordenada. Emitiremos otro memorando indicando que las funciones gubernamentales deben reanudarse una vez que el presidente haya firmado un proyecto de ley que establezca las asignaciones presupuestarias".
En una declaración conjunta del 1 de octubre, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos demócratas de Nueva York, señalaron a los republicanos como responsables.
"Tras meses de complicar y encarecer la vida, Donald Trump y los republicanos han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense", decía la declaración. "Los demócratas siguen dispuestos a encontrar una vía bipartidista para reabrir el gobierno de forma que reduzca los costos y aborde la crisis sanitaria republicana. Pero necesitamos un socio creíble".
"El país necesita desesperadamente una intervención para salir de otro cierre gubernamental de Trump", añadía.
El cierre gubernamental más reciente tuvo lugar durante el primer mandato de Trump, que comenzó el 22 de diciembre de 2018 y duró hasta el 25 de enero de 2019, lo que resultó en un cierre de 35 días. En aquel momento, fue el cierre gubernamental más largo en más de cuatro décadas.
