En los extensos campos de cultivo de Virginia y Maryland, el trabajo silencioso y constante de miles de inmigrantes hispanos sigue siendo la fuerza que sostiene la agricultura estadounidense. A pesar del temor persistente a ser detenidos por agentes migratorios y deportados, estos trabajadores no han abandonado su labor: siembran, cosechan y venden productos frescos cada fin de semana en los mercados de agricultores del área metropolitana de Washington.
En estas ferias locales —frecuentadas por familias que buscan productos orgánicos, conservas artesanales, miel, panes y frutas de estación a buen precio— es común ver a pequeños productores hispanos que, tras largas jornadas en el campo, se convierten también en vendedores y promotores de sus cosechas.
El aumento sostenido en el costo de los alimentos, impulsado por la reciente imposición de nuevos aranceles a productos importados, especialmente mexicanos, ha motivado a muchos consumidores a buscar alternativas más económicas y frescas. Desde el 1 de agosto, por ejemplo, productos como el tomate mexicano enfrentarán un arancel del 30 %, lo que ha disparado su precio en los supermercados estadounidenses. Esta situación ha beneficiado indirectamente a los productores locales, muchos de ellos inmigrantes, cuya clientela ha crecido ante el encarecimiento de los productos importados.
Según el Departamento de Agricultura, en 2024 se importaron más de 200 mil millones de dólares en productos agrícolas. Aun así, la mano de obra local —compuesta mayoritariamente por hispanos— continúa siendo el eje fundamental para el cultivo, recolección y distribución de frutas y verduras en todo el país.
Los afectados
Los hermanos Quinteros, originarios del estado mexicano de Morelos, llevan nueve años trabajando en una granja del condado de Westmoreland, Virginia. Cada fin de semana conducen más de tres horas para ofrecer sus productos en las ferias del área metropolitana de Washington. Prefieren no hablar sobre su situación migratoria, pero no ocultan su temor constante:
“Para las autoridades y el público, los trabajadores agrícolas hispanos somos invisibles. Solo se habla de nosotros cuando hay redadas o deportaciones. Nadie se pregunta quién recogerá los cultivos pendientes si nos vamos”, afirman.
Noe C., propietario de una finca en el sur de Maryland, comparte esa preocupación: “Los funcionarios creen que persiguiendo a los hispanos van a solucionar la crisis migratoria. No se dan cuenta de que sin ellos no habría frutas ni verduras en los supermercados. Yo apenas logré reunir un grupo para la cosecha de este verano. Si no regresan para la próxima siembra, estoy en problemas”.
Sin certezas migratorias
La falta de una política migratoria clara para los trabajadores del campo genera incertidumbre. Eloy B., integrante de un grupo de jornaleros que recorre el país de cosecha en cosecha, denuncia el doble discurso del gobierno: “Primero prometen una amnistía, luego la retiran. La gente ya no sabe qué pensar. Si siguen las redadas, muchos preferirán ir a Canadá, donde al menos ofrecen permisos de trabajo por tres años. Allá se trabaja con frío, pero sin miedo”, señala.
Promesas y contradicciones desde Washington
A mediados de julio, el presidente Donald Trump mencionó su intención de crear un nuevo programa de apoyo a la industria agrícola, sugiriendo un posible trato especial para los trabajadores indocumentados del sector. Sin embargo, días después, Tom Homan, asesor en temas fronterizos, desmintió cualquier intención de beneficiar a inmigrantes sin estatus legal, calificando esas versiones como “noticias falsas”.
Poco después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que las redadas en zonas agrícolas continuarían.
Actualmente se estima que cerca de un millón de personas trabajan en los campos agrícolas del país, de las cuales alrededor del 40 % carecen de estatus migratorio regular. La salida forzada de este grupo podría desencadenar una crisis de abastecimiento en el mercado alimentario nacional.
Industria vital para la región
En Virginia, condados como Rockingham, Augusta y Accomack lideran la producción agrícola, generando ingresos de más de mil millones de dólares. En Maryland, la industria agrícola aporta más de 8.250 millones de dólares anuales, y emplea a más de 350,000 personas, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Maryland. Los cultivos de maíz, soya y trigo ocupan más de la mitad de las tierras agrícolas del estado.
La paradoja es evidente: mientras se intensifican los controles migratorios, la economía agrícola —esencial para la alimentación del país— sigue dependiendo del esfuerzo de inmigrantes hispanos que laboran entre el anonimato, el miedo y la incertidumbre. Sin una reforma migratoria que reconozca su papel clave, el futuro del campo estadounidense permanece en riesgo.
