En medio de las redadas, la policía tiene que reconstruir la confianza, el riesgo cibernético se está acentuando y el teatro político prima, dijeron expertos durante la conferencia anual de ley y política de inmigración realizada en Washington, DC, el 9 de octubre de 2025.
Previamente, los organizadores del evento precisaron que la administración Trump ha desplegado una campaña sin precedentes para llevar a cabo deportaciones masivas. Con su “grandiosa y hermosa ley”, el gobierno federal dispone de una cifra récord de 170.000 millones de dólares para la aplicación de las leyes de inmigración.
Está trabajando con agencias gubernamentales para redistribuir personal civil y militar, reclutar a agentes estatales y locales. Está desplegando la Guardia Nacional por encima de las objeciones de los alcaldes y gobernadores, y usando el ejército para aplicar la ley de inmigración.
Conectando base de datos y mediante una exhaustiva búsqueda de los registros del IRS, la Seguridad Social, Medicaid y otros, el gobierno está identificando a inmigrantes que son susceptibles de ser expulsados, tomando medidas para cortarles el acceso a servicios y prestaciones de la red de seguridad, arrestándolos u obligarles a “auto deportarse”.
El gobierno promueve un clima de miedo a través de mensajes, enlazándose con terceros países para enviar a los deportados a zonas no seguras y con centros de detención en malas condiciones.
Nunca hemos visto tantos países del mundo involucrados en la inmigración de EEUU ni tantas agencias locales y estatales involucradas en la aplicación de la ley de migración -dijo Muzaffar Chishti, el moderador de una de las charlas titulada “Una nueva era: la aplicación de las leyes de inmigración por encima de todo”.
Explicó que en los últimos ocho meses se firmaron más de 600 acuerdos 287G (se autoriza y entrena a agentes del gobierno local o estatal para aplicar ley federal de migración). “Se han desplegado fuerzas militares por todo el país, se utilizan base de datos para arrestar, se les han cortado los beneficios a los inmigrantes, todo para crear un clima de miedo o alentarlos a la auto deportación”, detalló el abogado, investigador en Migration Policy Institute (MPI) y director de la oficina de MPI en la escuela de leyes de la Universidad de Nueva York.
El panel identificó las medidas más significativas y las tendencias más profundas:
A medida que nos empujan en ciertas direcciones, hay algunas comunidades en las que el jefe de policía no tiene la última palabra, y eso va a generar problemas de confianza pública. Es imperativo que generemos confianza dentro de esas comunidades. Somos los que generamos legitimidad dentro de esas comunidades y en este momento, nuestra preocupación es esa”, dijo el jefe de policía de Albuquerque (NM), Harold Medina, quien también es presidente de la asociación nacional “Major Cities Chiefs Association”.
En enero empezaron en esa ciudad el proceso para desplegar la Guardia Nacional. Los policías los entrenaron, obligatoriamente los guardias usan una cámara corporal y siguen las políticas del departamento de policía. Además, tuvieron reuniones con la comunidad para informar al respecto. Lo manejaron de tal modo que la vasta mayoría de la ciudad apoya el proceso y ha visto el beneficio. De 75 homicidios en 2024, los reportes ahora indican 55 en lo que va de 2025 y hace dos o tres años ya a estas alturas reportaban 110 asesinatos. “Así que hemos tenido un gran éxito en la reducción de la delincuencia”, dijo el jefe policial.
Afirma que cada comunidad es distinta, pero es clave que la gente sepa lo que su policía está haciendo.
Un 72 por ciento de los residentes de Albuquerque no están de acuerdo con las políticas de inmigración que se están aplicando en EEUU. Es un indicador, dice el jefe Medina, de que su aplicación no será bienvenida. Aclaró que sus agentes no se encargan de las leyes migratorias: “Mis oficiales escogieron arrestar a criminales, no perseguir gente en las granjas lecheras”.
Jason Houser, quien fue jefe de personal de ICE y sirvió como oficial de inteligencia naval en Afganistán, comentó que, con más fondos, la aplicación de la ley de migración está ahora en el centro gravitacional.
Las agencias giran en torno a esa misión y puso como ejemplo que casi un 20 por ciento del FBI está siendo reenfocado a ese fin. El ecosistema federal está empezando a enfocarse en las necesidades de la nueva administración -dice- y hay un enfoque en integrar la tecnología, la capacidad de aplicación de la ley, la logística y la utilización de las fuerzas policiales locales y estatales.
Lo que implica, “no solo que ICE trabaje de la mano con la policía, sino poner la tecnología de ICE en las manos de la policía local y estatal, como una fuerza multiplicadora que va a ser el foco central durante los próximos años”.
El Centro de crimen cibernético y la ubicación de individuos que operan ilegalmente en la web oscura, están siendo reenfocados, explicó. “Es decir, estamos entrando en un período que no es solo una nueva realidad, sino que es un cambio fundamental, al menos por los próximos años”.
Este reenfoque es algo que “está poniendo a los estadounidenses en riesgo”, dice este experto subrayando que la nueva administración se ha reenfocado en el arresto de inmigrantes que no son criminales.
Lo cierto es que el nuevo enfoque “está permitiendo que la aplicación de la ley federal opere con la fuerza policial local y estatal, a lo largo de la frontera haciendo un mejor trabajo. Algunos de los recursos de la comunidad de inteligencia han sido canalizados para apoyar la frontera”. Lo cual -dice- ha sido beneficioso en cuanto a avanzar en la lucha contra el tráfico de drogas y personas.
Pero los panelistas insisten en que hacer redadas en las comunidades e ingresar a complejos habitacionales no hace la frontera más segura.
Los expertos dijeron que el gobierno no está enfocándose en crear un mejor sistema de inmigración, y “consistentemente maneja la aplicación de la ley de migración como un teatro político, lo cual es extremadamente peligroso”.
La conferencia fue auspiciada por Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), Migration Policy Institute (MPI) y la escuela de leyes de la Universidad Georgetown, donde se llevó a cabo el diálogo con la participación de legisladores, abogados, activistas, defensores de los inmigrantes y otros profesionales.
La conferencia desarrolló un análisis político y jurídico reflexivo y un debate sobre algunas de las cuestiones más importantes en materia de inmigración que han surgido en el debate político estadounidense. Información general sobre las charlas y oradores se pueden ver: https://whova.com/portal/webapp/62YL9-CDzrDRIe9RrxZD/Agenda
