En medio del endurecimiento de la política migratoria, Estados Unidos enfrenta una paradoja cada vez más evidente: mientras aumentan las redadas y detenciones lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), amplios sectores de la economía continúan dependiendo del trabajo silencioso de millones de migrantes indocumentados.
En comunidades de Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia, el temor, la incertidumbre y la angustia marcan la vida cotidiana de trabajadores que, pese al riesgo constante de ser detenidos, siguen cumpliendo con sus labores. Su respuesta ha sido resistir: continuar trabajando con fe y la esperanza de un cambio en las políticas migratorias.
Durante la pandemia de COVID-19, estos trabajadores fueron fundamentales para sostener el funcionamiento del país. Desde supermercados y restaurantes hasta hospitales y sistemas de transporte, su labor permitió mantener en pie servicios esenciales. Sin embargo, ese reconocimiento se ha diluido con el paso del tiempo.
Las cifras reflejan el giro en el enfoque migratorio. En 2025, ICE realizó más de 328.000 arrestos a nivel nacional, de ese total en Virginia se registraron 6.694 arrestos, en Maryland 3.308 y en el Distrito de Columbia 932. De acuerdo con los datos disponibles, cerca del 92% de los detenidos no contaban con antecedentes criminales.
La tendencia se mantiene en 2026. En enero, cerca de 40.000 personas ingresaron a centros de detención, mientras que en febrero la población total detenida alcanzó casi las 68.000 personas.
Sectores clave en riesgo
Mientras las detenciones aumentan, sectores clave como la agricultura, la construcción, el procesamiento de alimentos y los servicios- incluyendo limpieza, cuidado y restaurantes- enfrentan una creciente escasez de mano de obra. Se estima que las redadas migratorias de 2025 provocaron una caída de entre 20% y 40% en la fuerza laboral agrícola, generando pérdidas de hasta 7.000 millones de dólares.
El impacto se siente con fuerza en los pequeños negocios. “En la Casa Blanca no entienden que su política migratoria no responde a las necesidades reales del mercado laboral. No podemos prescindir de estos trabajadores y se necesita una reforma migratoria urgente”, afirmó Omar Torres, empresario del sector de la construcción.
Torres relató que en diciembre tres de sus empleados fueron detenidos en Sterling, Virginia, por no contar con permiso de trabajo y deportados semanas después. “Hoy es muy difícil encontrar reemplazos inmediatos, los proyectos no pueden esperar y tenemos que trabajar solos”, explicó.
Situaciones similares se repiten en el sector gastronómico. Un empresario salvadoreño aseguró haber perdido a dos de sus cocineros más experimentados, quienes decidieron abandonar el estado ante el incremento de operativos de ICE y patrullajes de la Guardia Nacional.
De “esenciales” a perseguidos
Para muchos trabajadores, el contraste con lo vivido durante la pandemia es profundo. “Durante el COVID-19 éramos héroes invisibles. Nos decían que éramos esenciales. Ahora nos tratan como criminales”, expresó Luis Guzmán, empleado de un supermercado en Virginia.
Ana Berti, residente de Silver Spring, Maryland, desde hace más de una década, coincide: “Seguimos siendo esenciales, pero nos tratan como delincuentes. Solo queremos trabajar y sostener a nuestras familias”.
En ciudades como Manassas, Virginia, algunos trabajadores aseguran que su rutina diaria incluye evitar rutas donde suelen realizarse operativos migratorios. “Hay que estar alerta todo el tiempo. Vivimos con miedo a ser deportados y dejar a nuestras familias desamparadas”, comentó Ramiro Torrealva.
TPS: incertidumbre legal
Miles de trabajadores hispanos que por varios años se beneficiaron del Estatus de Protección Temporal (TPS) se encuentran en un limbo jurídico. Por ejemplo, los salvadoreños aún tienen vigentes su TPS hasta septiembre de 2026. Los venezolanos que recibieron sus permios en el 2021 y 2023 recibieron un aviso de cancelación entre octubre y noviembre de 2025, pero quienes recibieron un EAD (Employment Authorization Document) antes del 5 de febrero de 2025, su autorización de empleo se mantiene válida hasta el 2 de octubre de 2026.
En el caso de Haití, el 2 de febrero 2026 un juez federal suspendió su terminación, indicando que la decisión de la Casa Blanca fue "arbitraria y caprichosa" y que se debe esperar el resultado de varias apelaciones vigentes en el circuito judicial de migración.
Honduras y Nicaragua también tienen apelaciones pendientes contra una orden judicial de terminar con el TPS que dejaría en el desamparo legal a más de 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses desde 1998 debido a los desastres ocasionados por el huracán Mitch.
La respuesta de la Iglesia
Ante este panorama, organizaciones religiosas han comenzado a articular respuestas. En Arizona, la Diócesis de Phoenix organizó la conferencia “Witness to Hope: Responding to Mass Deportations”, centrada en estrategias pastorales frente a las deportaciones masivas.
El encuentro abordó principios de la doctrina social de la Iglesia, que buscan equilibrar el derecho de las personas a migrar, la soberanía de los Estados para controlar sus fronteras y la obligación de aplicar estas políticas con justicia y humanidad.
Además, se discutieron temas como el uso de la detención, el conocimiento de los derechos de los migrantes y la protección de espacios sensibles como iglesias y escuelas.
Una realidad ineludible
A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias, la dependencia estructural de la economía estadounidense en la mano de obra migrante sigue siendo innegable. En los campos agrícolas, en las cocinas, en las obras de construcción y en los servicios básicos, millones de trabajadores continúan sosteniendo sectores clave del país.
Hoy la contradicción persiste: mientras son perseguidos, siguen siendo indispensables.
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Omar Torres, empresario del sector de la construcción, trabaja solo en la remodelación de un baño ante la falta de personal. Foto/MV
Luis Guzmán atiende a cliente en un conocido supermercado de Virginia. Foto/MV
La falta de trabajadores es evidente en el sector construcción. Foto/MV
