El presidente Donald Trump comenzó lo que la Casa Blanca presentó como una semana de celebración de sus primeros 100 días con una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales publicar una lista de "ciudades santuario" que, según él, no cumplen con su agenda de inmigración, una orden que provocó la preocupación de los defensores católicos de los migrantes.
La orden, parte de varias órdenes ejecutivas que Trump firmó esa semana, también dijo "las jurisdicciones santuario que no cumplan la ley federal pueden perder la financiación federal".
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, un grupo de la región fronteriza entre Estados Unidos y México, dijo a OSV News que, si bien "no existe una definición única de una ciudad santuario", algunas jurisdicciones han decidido "con el fin de preservar la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden a nivel local, para que los delitos se denuncien, los departamentos de policía a menudo se abstienen de preguntar sobre el estatus migratorio".
"Políticas como estas son sensatas y garantizan el buen orden y la seguridad", dijo. "La orden ejecutiva del presidente Trump no hace nada para resolver nuestro sistema de inmigración roto, pero sí introduce miedo, ansiedad y tensión en las comunidades locales".
J. Kevin Appleby, investigador principal de política del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York y ex director de política migratoria de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, dijo a OSV News que el término se utiliza a veces como "despectivo" para "un estado, condado o ciudad que no exige a sus agentes de la ley que actúen como agentes de inmigración para el gobierno federal".
"A decir verdad, tales jurisdicciones son más seguras en general, ya que las fuerzas del orden locales pueden centrarse en la detención de delincuentes violentos en lugar de en la madre indocumentada con dos hijos ciudadanos de EEUU", dijo Appleby. Los datos del National Immigration Law Center muestran "una disminución documentada de la delincuencia en las ciudades y estados" que aplican estas políticas.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo durante una rueda de prensa el 28 de abril que la orden era "bastante simple".
"Obedezcan la ley, respeten la ley y no obstruyan a los funcionarios federales de inmigración y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando simplemente están tratando de eliminar las amenazas a la seguridad pública de las comunidades de nuestra nación", dijo.
Appleby argumentó que Trump "necesita que las fuerzas del orden locales cooperen para llevar a cabo su campaña de deportación masiva".
Dijo que la orden ejecutiva, que amenaza con quitar la financiación federal a sus jurisdicciones, es una táctica de intimidación para forzar su cumplimiento.
"Irónicamente, los estados y localidades que cumplen a menudo ven un aumento de la delincuencia en sus comunidades y un aumento de perfilaciones raciales por parte de la policía hacia inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses",expresó.
La doctrina social católica sobre la migración trata de equilibrar tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para mantener sus vidas y las de sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y la inmigración, y el deber de una nación de hacerlo con justicia y misericordia.
Corbett argumentó que "la ley y el orden y la defensa de los derechos de nuestros vecinos inmigrantes no son opuestos".
"Tenemos que trabajar juntos para encontrar soluciones de sentido común a nuestro sistema migratorio roto", dijo Corbett.
