Las recientes redadas migratorias, la proliferación de noticias falsas en redes sociales y los persistentes rumores comunitarios han generado un clima de confusión e incertidumbre entre residentes permanentes que planean viajar al extranjero o que actualmente se encuentran fuera de Estados Unidos, en muchos casos aprovechando la temporada invernal para visitar a sus familias.
Ante este panorama, el abogado de inmigración José Lagos aclaró que no existe ninguna orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump ni disposición oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que prohíba la salida o el reingreso al país de residentes permanentes legales a partir de abril de 2025.
“Todo residente legal que no haya violado las leyes del país, que no haya cometido fraude en su solicitud de residencia y que no tenga condenas judiciales pendientes puede viajar sin preocupación. Quienes tienen sus documentos migratorios en regla y respetan la ley pueden entrar y salir libremente del territorio estadounidense”, afirmó Lagos.
Sin embargo, el abogado advirtió que las complicaciones surgen cuando USCIS registra en su sistema a residentes permanentes con antecedentes legales, denuncias por delitos o procesos judiciales aún sin resolver.
“Es preferible evitar salir del país si existen casos pendientes ante la justicia. Asimismo, los residentes que hayan enfrentado problemas legales en el pasado deben llevar consigo copias oficiales de la corte que certifiquen la absolución de cargos, el cierre del caso o el cumplimiento de una sentencia. Esto permite demostrar ante los oficiales de inmigración que su situación legal está completamente resuelta”, explicó.
Lagos enfatizó que consultar con un abogado especializado antes de viajar es una medida preventiva esencial, especialmente en el actual contexto migratorio. “Las regulaciones están cambiando constantemente y, ante cualquier duda o irregularidad legal, lo más prudente es no viajar sin asesoría profesional”, señaló.
Desde enero de 2026, como parte de una estrategia de seguridad nacional, el gobierno federal ha endurecido los controles migratorios, incrementando la revisión de antecedentes, el uso de fianzas y la aplicación de medidas más estrictas en los puertos de entrada. A ello se suma el aumento de tarifas de USCIS y la suspensión temporal de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre otras disposiciones.
Además, la ley de inmigración ha experimentado cambios significativos en los procesos de asilo, los programas de visas de trabajo, la eliminación de la lotería de visas, la implementación de nuevas políticas para estudiantes internacionales y restricciones más severas en la migración por reunificación familiar.
Frente a este escenario, expertos coinciden en que la información verificada y la asesoría legal oportuna son herramientas clave para evitar contratiempos que puedan poner en riesgo el estatus migratorio de los residentes permanentes.
