Según un nuevo informe, la "externalización" de la migración en Latinoamérica --especialmente bajo las políticas de línea dura de la administración Trump-- está acelerando las violaciones de los derechos humanos y erosionando la dignidad humana.
Además, los investigadores también indican que la cancelación de la financiación humanitaria y para el desarrollo de Estados Unidos ha empeorado la situación en la región.
"El impacto humano y las vidas afectadas por políticas migratorias crueles" ("How Cruel Migration Policies Hurt People") fue publicado el 5 de marzo por American Friends Service Committee (AFSC). El informe "es producto de un esfuerzo colectivo" impulsado por AFSC e "implementado en conjunto" con varias organizaciones de defensa de los migrantes, entre ellas el Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica (SJM-CR) y grupos de derechos humanos y atención a migrantes en México, Guatemala y El Salvador, así como Refugees International, con sede en Washington.
La "externalización de la migración" se produce cuando un país externaliza esencialmente el control de sus fronteras y de la migración a otras naciones, explica el informe.
El informe señala que hay tres prácticas clave que constituyen la migración externalizada en América Latina: impedir que los migrantes lleguen al país de destino, trasladar parcial o totalmente los procedimientos de asilo a terceros países y expulsar a las personas a países que no son sus países de origen.
En conjunto, "estas medidas buscan desincentivar la migración hacia el norte de las Américas y generar obstáculos para el ingreso regular de las personas desde otras fronteras", señala el informe, citando los acuerdos de 2025 entre Estados Unidos y los gobiernos de Centroamérica y de Sudamérica para aceptar a las personas deportadas, incluso de otras nacionalidades.
Más de dos millones de extranjeros habían abandonado Estados Unidos hasta el 27 de octubre de 2025, unos 527.000 mediante deportación forzosa y otros 1,6 millones mediante "auto deportación" por temor a la expulsión y las amenazas constantes de capturas y sanciones, según el informe, que cita datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En medio de los flujos de "migración inversa" o flujo inverso (al tradicional que es de sur a norte) y el debilitamiento "de los sistemas de protección y refugio", cientos de miles de personas han sufrido un aumento de la violencia, a pesar de haber huido de "países en donde existen diversos conflictos sociopolíticos, guerras, genocidios, estados fallidos y desplazamiento por la crisis climática", según el informe.
Muchas personas se encuentran varadas entre naciones, añade.
Presentar el costo humano en juego era uno de los objetivos clave del informe, según afirmó Marcia Aguiluz, directora regional de AFSC para América Latina y el Caribe, en un comunicado de prensa en inglés que acompañaba al documento.
Más allá de las estadísticas, el informe, que se basa en 364 entrevistas realizadas entre junio y agosto de 2025 en varios países de la región, "recoge las historias, las realidades vividas y las políticas que afectan profundamente a millones de personas", afirmó Aguiluz.
Los datos mostraron que la mayoría de los entrevistados habían abandonado sus países de origen debido a la precariedad económica y laboral, así como a la violencia generalizada, incluidas las amenazas de las pandillas y la violencia de género.
El informe, que fue publicado en inglés y español, destacó la violencia y la crueldad que a menudo se experimentan durante la detención y la deportación.
La intimidación, las amenazas, la humillación, el hacinamiento, la discriminación y el racismo, la violencia sexual y de género y la separación familiar fueron algunas de las violaciones de los derechos humanos descritas por las personas entrevistadas por los investigadores, siendo Estados Unidos "el país que mayoritariamente comete este tipo de actos", según el informe.
De las 169 personas que habían sido deportadas de Estados Unidos, 38 afirmaron que se les había negado o limitado el acceso a alimentos, agua y artículos de higiene básicos, mientras que 25 denunciaron haber sido recluidas en cuartos fríos ("hieleras").
Un venezolano de 37 años, identificado en el informe con el seudónimo de José, describió su traslado esposado desde el centro de detención de El Paso a McAllen, Texas.
"Por ser migrante no puede usted hablar porque lo golpean", afirmó, y relató cómo "golpearon a un venezolano delante mío tres norteamericanos como de dos metros".
"Comí y dormí en el piso", añadió.
"Estos testimonios se suman a los casos de abuso documentados por organizaciones de derechos humanos dentro de los centros de detención en el país", señala el informe, citando un informe de Human Rights Watch de 2025 sobre prácticas abusivas en tres centros de detención de inmigrantes de Florida.
Los autores del informe señalaron que tales prácticas incumplen las obligaciones internacionales establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y otros documentos.
"Más importante aún, estas acciones son inhumanas y atentan contra la dignidad de las personas", señala el informe.
Sin embargo, estos abusos y sufrimientos se producen en medio de la erosión del sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial que afirmaba, tal y como establecía la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que todos "los seres humanos, sin distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades fundamentales".
Los autores del informe hicieron varios llamados a la acción, instando a los Estados a poner fin a la externalización de la migración, cumplir con las obligaciones internacionales y de derechos humanos existentes y aumentar la financiación para apoyar tanto a las personas en movimiento como a los "sistemas de gobernanza migratoria centrados en los derechos y el bienestar de estas personas".
Además, el informe subrayó la necesidad de la participación de los Estados y la sociedad civil para "atender las causas raíz de las migraciones forzadas", al tiempo que desarrollan "políticas inclusivas y humanas" que den prioridad a la dignidad humana.
Los autores del informe animaron a los organismos de vigilancia de los derechos humanos a documentar y denunciar las políticas migratorias discriminatorias.
El informe también exhortó a la sociedad en su conjunto a "reconocer la dignidad intrínseca de todas las personas", contrarrestar las políticas crueles y discriminatorias y "reconectar con la empatía y la solidaridad que nos caracteriza" como seres humanos.
