Principales organizaciones católicas, entre ellas la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), enviaron una carta conjunta al Congreso en la que calificaron de "profundamente preocupante" una reciente guía del Departamento de Justicia que reduce el umbral para la institucionalización de personas con discapacidad.
El caso Olmstead vs. L.C., un fallo histórico de 1999 de la Corte Suprema de Estados Unidos, estableció que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir atención en entornos integrados, en lugar de ser segregadas en instituciones, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como la capacidad de un programa para brindar la atención adecuada.
Sin embargo, una opinión jurídica del Departamento de Justicia emitida en junio --un documento que no tiene fuerza de ley, sino que constituye más bien una orientación interna sobre las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo-- argumentó que ni la sección 504 de la Ley de Rehabilitación ni el Título II de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) exigen a los estados que brinden dichos servicios en entornos integrados.
"Reconocemos que esta interpretación del alcance del caso Olmstead no concuerda con la interpretación común de esa decisión en los tribunales federales", señalaba la opinión jurídica.
"Las justificaciones legítimas", indicaba, "podrían incluir preocupaciones sobre la seguridad de la persona o de la comunidad".
En su carta del 14 de octubre, seis líderes católicos expresaron su preocupación ante esta perspectiva. Entre ellos figuran: el arzobispo Shelton J. Fabre de Louisville, Kentucky, presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la USCCB; el obispo Edward J. Burns de Dallas, presidente del Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la USCCB; la hermana Mary Haddad, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Católica de Salud de los Estados Unidos; Leo Zanchettin, presidente de la junta directiva de la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad; Kerry Alys Robinson, presidenta y directora ejecutiva de Caridades Católicas de EE.UU.; y el padre jesuita Christopher Kellerman, secretario de la Oficina de Justicia y Ecología de la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos.
"Las medidas posteriores adoptadas por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ponen en duda su compromiso de hacer cumplir el mandato de integración y provocarán dolor y sufrimiento generalizados entre las personas con discapacidad y sus familias", se lee en la carta.
"Instamos al Congreso a que haga todo lo que esté a su alcance para reafirmar los derechos de las personas con discapacidad a prosperar en sus familias y comunidades", se indica. "El Congreso debe actuar para proteger los programas, las políticas y los recursos de los que dependen las personas con discapacidad y sus familias para prosperar".
Un portavoz del Departamento de Justicia declaró en un comunicado enviado a OSV News que el dictamen preliminar "respondía a una solicitud habitual relacionada con la actualización de los documentos de orientación y el alcance adecuado del caso Olmstead. Interpreta las leyes promulgadas por el Congreso y una decisión emitida por la Corte Suprema".
Michael Waddell, miembro del Comité de Ética y Políticas Públicas de la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad, dijo a OSV News que la nueva interpretación de la administración Trump "representa un alejamiento radical de cómo se ha entendido el mandato durante más de treinta años".
"En otras palabras, están diciendo que las personas con discapacidad no tienen derecho a vivir y recibir servicios en el entorno más integrado y adecuado", dijo sobre el memorándum. "Esto es exactamente lo contrario de cómo prácticamente todos han entendido estos asuntos durante las últimas décadas".
Waddell señaló que "ni la Ley para Estadounidenses con Discapacidades ni la sección 504 de la Ley de Rehabilitación, ni el caso Olmstead vs. L.C. pueden verse alterados de manera fundamental por la mera expresión de una opinión por parte del Departamento de Justicia sobre el mandato de integración. Hasta que el Congreso o los tribunales digan lo contrario, esos estatutos y esos precedentes seguirían pareciendo reconocer el derecho de las personas con discapacidad a vivir y recibir servicios en el entorno más integrado y adecuado".
"Sin embargo --y esto es realmente importante-- las declaraciones que emitió el Departamento de Justicia el verano pasado sugirieron que ya no protegerían este derecho de las personas con discapacidad si los estados decidieran brindar servicios únicamente en contextos segregados e institucionales", continuó. "Y las medidas que ha tomado el Departamento de Justicia a raíz de esas declaraciones lo han confirmado".
"Así pues, realmente parece que las personas con discapacidad ya no podrán contar con el gobierno federal para que las ayude a defender su derecho a vivir y recibir servicios en el entorno más integrado y adecuado. Para quienes no están en condiciones de luchar por defender ese derecho por sí mismas --por ejemplo, mediante costosos procesos judiciales--, el resultado podría ser que se vean obligadas a vivir en instituciones. Y eso causa mucho miedo".
Una resolución bipartidista presentada en la Cámara de Representantes de EEUU en septiembre reafirmaría "la importancia vital de la sentencia Olmstead para poner fin a la institucionalización y la segregación injustificadas de las personas con discapacidad" e instaría a los funcionarios federales y estatales a mantener la interpretación tradicional de la sentencia.
